Según explicaron fuentes de Hacienda, el ministro expuso a las autonomías en su intervención inicial que el encuentro de este jueves tiene dos objetivos, la celebración de la consecución del déficit el año 2012 y la creación de grupos de trabajo para estudiar la reforma del modelo de financiación y los nuevos objetivos de déficit para este ejercicio.

El ministro ha reconocido como «un gran logro» la cifra del 1,73 por ciento de déficit alcanzada por las comunidades autónomas en 2012, un ajuste presupuestario «sin precedentes» que considera que demuestra «la fiabilidad» del Estado de las autonomías.

Pero además, Montoro ha reconocido que supone «un avance» para lograr la «credibilidad» que necesita el país, alcanzado gracias al «esfuerzo» de toda la sociedad a través de la renuncia a gasto público y el pago de más impuestos.

Negociación sin cifras concretas

«Demuestra que el Estado de las autonomías es fiable y viable, aunque hay que seguir profundizando«, insistió antes de aclarar que este jueves no se pondrán sobre la mesa cifras concretas de los nuevos objetivos de déficit porque España aún no cuenta con «la nueva senda» que debe acordar con Bruselas.

Sin embargo, sí que se creará un grupo de trabajo para estudiar las nuevas cifras y la posibilidad de establecer objetivos individualizados para cada autonomía. El ministro ya recordó esta semana que la Ley de Estabilidad contempla esta posibilidad de objetivos de déficit «asimétricos», aunque dejó claro que nunca serían «a la carta».

Además, se creará otro grupo técnico para la evaluación del actual modelo de financiación autonómica y estudiar los parámetros sobre los que guiará su reforma, que deberá entrar en vigor en 2014.

Castilla y León, en contra

En cuanto a la reacción de las autonomías a las propuestas que el ministerio de Hacienda llevó a la reunión, el consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, destacó que esperaba que se flexibilice el objetivo de déficit y que, una vez oficializado dicho margen, cada región debería negociar su objetivo y que «como mínimo, sería apropiado destinar a las comunidades un tercio del objetivo que marque Bruselas».

Mas-Colell indicó que Cataluña, con los ingresos recibidos por el modelo de financiación y el objetivo de déficit enmarcado en el 0,7 por ciento, «no puede hacer unos presupuestos que no signifiquen una destrucción de los servicios propios del estado de bienestar».

Por ello, ha considerado que en la reunión del jueves por la tarde se iban a oficializar los objetivos de déficit para este año, para poder permitir superar el margen previsto y que las comunidades puedan flexibilizar sus cifras, aunque ha estimado que no se concretarán las cifras particulares.

Preguntado por si está a favor de que cada comunidad disponga de un nivel de déficit individualizado, el consejero ha destacado que aunque prefiere no meterse en ello, estima que cada comunidad «debe negociar y presentar su situación», que es distinta de unas a otras.

Por ello, ha destacado que es cuestión de las comunidades alcanzar un acuerdo con el Gobierno central porque es quien fija los objetivos, y ha avanzado que una vez se conozca y sea oficial la cifra o el nivel de flexibilización, Cataluña «negociará» con el Ejecutivo para fijar su nivel concreto.

Valencia defiende un nivel diferenciado

El consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, destacó que veía «con buenos ojos» una flexibilización en los objetivos de déficit, así como que haya un nivel diferenciado para comunidad autónoma, en función de su punto de partida e idiosincrasia.

En concreto, indicó que los representantes de su comunidad iban a acudir a la reunión «ilusionados y esperanzados» con el orden del día, ya que en ella se hablará de crear grupos de trabajo para poder abordar una revisión del modelo de financiación, el cual, la Comunidad considera «insuficiente».

Por último, ha subrayado que la Comunidad ya ha hecho un «esfuerzo grande» y pese a ello parte de un nivel de déficit del 3,45 por ciento, muy lejos del 0,7 por ciento establecido, por lo que ha afirmado que espera que el objetivo se flexibilice «en el mayor porcentaje posible».

Andalucía aboga por fijar los servicios a preservar

Por su parte, la consejera de Hacienda y Administración Pública andaluza, Carmen Martínez Aguayo, abogó por fijar las políticas y servicios fundamentales que han de ser preservados y, una vez que haya consenso en eso, se repartan los objetivos de déficit entre las administraciones.

En declaraciones a los periodistas, Aguayo señaló que acudían al encuentro sin «ningún ánimo de confrontación» sino para «trabajar» sobre esas políticas de gasto que son «prioritarias para todos los españoles» y que «no deben ser recortadas».

Esos servicios a preservar son, según ha detallado la responsable andaluza, «importantes para la cohesión social del país y nuestro modelo de sociedad» y pasan por las «pensiones, las prestaciones por desempleo, la sanidad, la educación y los servicios sociales».

«Puestos de acuerdo sobre esto entremos a repartir los objetivos de déficit entre administración general y comunidades autónomas porque en ese momento el déficit ya responderá al nivel de la administración que tiene que prestar los servicios de acuerdo a sus competencias», explicó.

Con respecto a los criterios que deberían tenerse en cuenta para ese posterior reparto del déficit, la consejera dijo que será algo a hablar «entre todos» pero ha advertido de que «no parece lógico» que si el déficit viene a servir para que las comunidades tengan financiación para prestar servicios y esa financiación se reparta de acuerdo a criterios de población, el déficit lo haga por nivel de riqueza.

A su juicio, eso causa que «haya comunidades autónomas que en términos de habitantes puedan tener el cien por cien más de recursos por esta vía que otras, atenta contra la igualdad y no es razonable y debe abordarse».

«Si hablamos solo de comunidades autónomas yo hablaría de población pero, en otro nivel, como país, hay que ver antes qué debemos preservar», ha añadido.

Aragón acepta déficits diferentes por CCAA

También el consejero aragonés de Hacienda, José Luis Saz, abrió la puerta a establecer objetivos de déficit diferentes para cada comunidad autónoma siempre que el esfuerzo en el ajuste sea «equitativo».

«Hablamos de esfuerzos de los ciudadanos y todos los ciudadanos de España tienen que tener un tratamiento equitativo», comentó.

Saz  aclaró que no conocía la propuesta que en este sentido iba a plantear el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves por la tarde en Madrid, pero subrayó la exigencia de que el esfuerzo del ajuste sea el mismo. «Si no, no vamos por el buen camino», ha dicho. «La equidad es fundamental», añadió.

El consejero aragonés también admitió que podría darse si no, un maltrato hacia las comunidades que están cumpliendo el déficit. También con respecto al FLA; Saz recordó que la adhesión al mismo es voluntaria y sugirió que se revise la situación para las comunidades que no se han sumado al mismo y a las que Hacienda ha puesto un límite al tipo que pueden pagar por emitir deuda en los mercados.

«Quizá habría que repasar o revisar esa estructura financiera que tienen que soportar las comunidades que no están adheridas al fondo de liquidez», ha dicho.

Galicia no se opone a objetivos de déficit asimétricos

Por su lado, la consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia, Elena Muñoz, explicó que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo no se opone a la implantación de objetivos de déficit distintos para comunidad autónoma, siempre y cuando «se tenga en cuenta» el trabajo realizado por las autonomías que han cumplido con los objetivos y «en ningún caso» se las discrimine.

Muñoz se manifestó así en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La consejera gallega recordó que reparto asimétrico de los objetivos de déficit es una posibilidad ya prevista en la Ley de Estabilidad.

«No nos oponemos siempre que se tenga en cuenta el trabajo hecho por las cumplidoras y en ningún caso se discrimine a las que han hecho un control del déficit público durante los últimos años frente a las que no lo hicieron», argumentó.

Castilla y León defiende un objetivo igual

Sin embargo, la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, defendió antes de participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que «lo mejor», a su juicio, es que el objetivo de déficit sea igual para todas las comunidades autónomas.

En este sentido, Del Olmo manifestó que en el caso de que la Unión Europa flexibilice el objetivo de déficit para España, todas las comunidades deberían beneficiarse del nuevo margen, al tiempo que ha apuntado que de fijarse finalmente objetivos diferenciados para las autonomías, no se debería perjudicar a las que mejor cumplen.

«Si hay objetivos diferenciados, debemos ser las comunidades que menos deuda tenemos y que podemos asumir esos objetivos las que tendríamos tener preferencias, pero como digo, lo mejor es que sea para todas igual. Eso es lo que yo defiendo, como lo defendí en el anterior Consejo», aseguró.

Por otra parte, preguntada sobre cómo se debería mejorar, a su parecer, el sistema de financiación autonómica, la responsable de Hacienda de Castilla y León recordó que de momento hoy sólo se va a constituir un grupo de trabajo para abordar esta cuestión, si bien apuntó que su comunidad reclama que se tengan en cuenta «determinadas cuestiones como pude ser el envejecimiento de la población o la dispersión» porque tienen «un coste añadido».

«Hay que reconocerlo en el modelo de financiación. Siempre lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo», manifestó, para añadir que también es «muy importante» que se tenga en cuenta a la hora de modificar el modelo de financiación el coste de prestar los servicios que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno atribuye a las comunidades autónomas.

Madrid no admitirá discriminación

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reclamó este jueves que se beneficien todas las autonomías si finalmente se decide relajar el objetivo de déficit para las comunidades autónomas, y ha avanzado que el Ejecutivo regional no admitirá tratamientos discriminatorios o que perjudiquen a la región.

En la misma tarde en que está reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el presidente autonómico afirmó que Madrid va a pedir que se cumplan los acuerdos alcanzados de la Conferencia de Presidentes y que pasan por la creación de un grupo de trabajo que lleve a cabo una revisión del modelo de financiación, porque el actual «es injusto y perjudica a Madrid».

Tras destacar su apoyo al Gobierno central en el cumplimiento del déficit, que ha sido «tan bien valorado», ha indicado que si finalmente se relaja el límite de déficit permitido a las regiones, pedirán que se beneficien todos. «Lo que no va a admitir Madrid es instrumentos discriminadores para ella o que le perjudiquen», remarcó.