El decreto aprobado por el Gobierno que penaliza las prejubilaciones anticipadas, la fórmula más utilizada por la banca para realizar ajustes de plantilla, ha provocado una aceleración de los expedientes de regulación de empleo (ERE) de las entidades. Entre ellas, CaixaBank, Ibercaja, Caja España Duero y Barclays Bank negocian con los sindicatos fórmulas para tratar de reducir el número de despidos.

Ibercaja ha puesto sobre la mesa un plan de prejubilaciones voluntarias para los trabajadores mayores de 60 años, aunque puede bajarse el listón a los 58 años, de cara a adelgazar antes de la absorción de Caja3 (formado por la también aragonesa CAI, la burgalesa Caja Círculo y Caja Badajoz). En la entidad, según los sindicatos, hay 284 empleados con más de 60 años, y la cifra se acerca a los 500 si se pone el límite en los 58 años.

La intención de Ibercaja es cerrar cuanto antes el acuerdo de prejubilaciones, para evitar precisamente las penalizaciones a las prejubilaciones en despidos colectivos impuestas por el Gobierno a partir de abril. Ibercaja quiere aprovechar para plantear la eliminación de alguna paga y la supresión de ayudas no sujetas al convenio.

Este ajuste es independiente del que pueda provocar la absorción de Caja3, que a su vez está planteando una fuerte reducción de plantilla antes de esa operación, y que ha provocado las iras de la Junta de Extremadura, que considera que se está cargando buena parte de ésta sobre Caja Badajoz. Caja3 ha recibido ayudas públicas, que exigen una reducción de red de sucursales y de plantilla al limitar su actividad a las zonas originales de actuación (Aragón, Castilla y León y Extremadura).

 

CaixaBank propone 2.600 salidas voluntarias

CaixaBank ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos una reducción máxima de 2.600 salidas no forzosas si se acepta la movilidad de 1.200 empleados, 800 menos que los planteados anteriormente. Los sindicatos siguen considerando «inaceptable» esta cifra de movilidad, pero han celebrado el acercamiento en la negociación sobre el ERE planteado para 3.002 empleados de CaixaBank al eliminarse las salidas forzosas.

1.500 despidos en Caja España Duero

Otra entidad que aborda un ERE entre ayudas públicas que suponen reducir sucursales y plantilla y una posible absorción por parte de Unicaja (que lleva dos años negociándose) es Caja España Duero o Banco Ceiss. El problema es que la entidad quiere realizar como mínimo 1.500 bajas, que suponen el 30% de la plantilla actual, consecuencia de que Bruselas exige a cambio de las ayudas públicas una reducción del balance del 30%, así como el cierre de 260 sucursales.

El documento recibido por los sindicatos asegura que «podrá solicitar la adhesión a la medida de baja indemnizada el trabajador afectado por un traslado a más de 50 kilómetros desde el centro de trabajo anterior en los quince días siguientes a la notificación del mismo”, aunque reconoce que “la entidad podrá rechazar la adhesión a la baja indemnizada por razones justificadas».

Los empleados mayores de 60 a 31 de diciembre de 2013 recibirán una indemnización de 30 días de salario por año de servicio con tope de 12 mensualidades. Los que tengan 57 años en esa fecha, el 60% de la retribución fija bruta más dos años hasta que alcancen la edad de 63 años. “La cantidad anual a computar no podrá exceder de 40.000 euros, y habrá pago del convenio especial de la Seguridad Social hasta la edad de 63 años«, precisan los sindicatos.

Para el resto de trabajadores, Banco Ceiss plantea una indemnización de 30 días de salario por año con el límite de 22 mensualidades y una «prima de 2.000 euros por cada tres años completos de prestación de servicios a la fecha de extinción del contrato«. Además se plantea una prima por adscripción a la medida de 5.000 euros. «La indemnización total no podrá en ningún caso superar la cuantía de 200.000 euros». El banco podrá rechazar la adhesión de la baja indemnizada por razones justificadas para aquellas personas que tengan cumplidos 50 años de edad a la fecha de extinción del contrato.
Hasta completar el ajuste de 1.500 empleos, Banco Ceiss ha planteado la necesidad de aplicar «medidas forzosas«. En ese caso, «la indemnización será de 25 días de salario por año de servicio con el tope de 16 mensualidades”. “No obstante, si en el plazo de 18 meses siguientes a la extinción del contrato el trabajador no ha tenido una oferta de puesto de trabajo indefinido, tendrá derecho a percibir una cantidad complementaria para alcanzar la indemnización de 30 días de salario por año de servicio, con el tope de 20 mensualidades, más una cantidad adicional de 2.000 euros por cada 3 años completos de prestación de servicios«, añade la propuesta.

Además, en los casos de movilidad geográfica se aplicará una «indemnización de 6.000 euros cuando el trabajador sea trasladado a más de 50 kilómetros de su centro de trabajo anterior como consecuencia de la reorganización de la red comercial o de los servicios centrales”. «Si además el trabajador cambia efectivamente de residencia, se abonará una compensación de 700 euros mensuales durante dos años«, precisa la propuesta.

Banco Ceiss reducirá la masa salarial «media de carácter estructural del 15%» mediante la supresión de «los premios de antigüedad, natalidad y nupcialidad«. También se plantea la suspensión de aportaciones a plan de pensiones durante tres años, y el compromiso durante ese periodo de adoptar los acuerdos necesarios para reducir el coste futuro del sistema de previsión social en un 25%. Y se suprimirá el pago del plus convenio, la ayuda de estudios y la retribución variable durante tres años.

Este ajuste es también independiente del que pueda producirse con la absorción por Unicaja. Los sindicatos recuerdan que la fusión entre Caja España y Caja Duero, que recibió del Frob 525 millones de euros como préstamo, ya supuso un ERE que afectó a 846 empleados.

Sin acuerdo en Barclays

En Barclays Bank, el primer periodo de consultas sobre el ERE ha concluido sin acuerdo entre la entidad y los sindicatos. La filial española del banco británico ha diseñado un expediente que afectará a 1.100 empleados, por el cierre de 160 sucursales. Los sindicatos tratan de bajar la cifra de afectados a 800, mediante salidas voluntarias, prejubilaciones, bajas incentivadas, suspensiones de contratos o reducciones de jornadas.

El desencuentro obliga al inicio del periodo formal de consultas al amparo del Estatuto de los Trabajadores para el 3 de abril.