La Generalitat catalana adeuda 1.390 millones de euros a la red hospitalaria concertada, residencias, centros de atención a la salud mental y sociales concertados y farmacias desde primeros de 2012, según han informado este martes patronales de los sector sanitario y social y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria de Cataluña (Fenin).

Ante los retrasos y los impagos en la facturación a las entidades proveedoras concertadas, las entidades han subrayado que «los sectores de la salud y de atención a la dependencia constituyen un pilar fundamental para el Estado del Bienestar y la cohesión social, y prestan unos servicios básicos y esenciales a los ciudadanos».

También han destacado el «modelo de éxito» catalán en cuanto a la red de atención a la dependencia, mediante entidades colaboradoras, concertadas, que reúnen a asociaciones sin ánimo de lucro públicas y privadas y profesionales autónomos en el caso de las farmacias.

La mayor parte de la deuda, 840 millones de euros, es del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a los hospitales concertados, a los que debe el 35% del mes de febrero del año pasado –que debían cobrar en mayo–, el 100% del de abril –cuyo cobro se esperaba para julio–, el 40% del de agosto –que debían recibir en octubre– y el 25% de octubre –para primeros de este año–.

Las entidades sanitarias han lamentado, además, que los pagos se han pasado a pagar de 90 a 150 días, mientras que la Consejería de Bienestar Social y Familia debe 280 de euros a las entidades sociales, de los que 70 corresponden a la mensualidad impagada en julio.

La factura farmacéutica impagada asciende a 270 millones de euros, después de que el CatSalut abonara a mediados de este mes un 30% del pago de la factura pendiente de 108,6 millones de euros correspondiente al mes de enero, y espera pagar a finales de este mes el resto de la mensualidad, a la espera de liquidar otros dos meses pendientes.

Las entidades calculan que los retrasos suponen un «coste financiero» de 38 millones en carácter de intereses, a los que se debe sumar los 106 millones en costes suplementarios de aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto al IVA aplicable a material sanitario y equipamiento médico.

Las entidades están «al límite»

Por todo ello, alertan de que esta situación «pone en grave riesgo la suficiencia financiera de las entidades y farmacias, que se encuentran al límite de disposición de sus pólizas de crédito y muchas dificultades para ampliarlas».

Además, las citadas dificultadas son trasladadas a su vez a los proveedores de bienes y servicios que han visto alargados sus periodos de cobro, pasando a ser de un promedio de 290 días, lo que también pone de en riesgo su propia continuidad y supervivencia.

Según han resaltado, el sector sanitario ocupa a 100.000 profesionales que dan servicio a toda la población catalana, lo que representa el 5,6% del PIB catalán y tiene un efecto multiplicador de 1,31.

Los proveedores de servicios de atención a la dependencia, que se agrupan en 1.100 centros –16.023 plazas de centro de día y más de 60.000 residenciales– ocupan a más de 50.000 profesionales que prestan más de 204.235 servicios a más de 158.000 usuarios.

Priorizar recursos

Han reivindicado que en un momento de tensión tesorera la Generalitat priorice destinar recursos a las entidades proveedoras de los sistemas públicos de salud y atención a la dependencia, que proporcionan servicios básicos al conjunto de la población.

Las patronales sanitarias firmantes son la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci de Salut i Social (CSC), la Associació Catalana d’Entitats de la Salut (Aces) y la Associació Catalana de Recursos Assitencials (Acra), que se suman a las citadas anteriormente.