El presidente Mas hará el 3 de abril un balance de los primeros cien días de su segundo gobierno en un escenario nada halagüeño. El primer revés fue que en vez de obtener la mayoría absoluta que acariciaba, CiU perdiera doce diputados en las elecciones autonómicas que Mas adelantó al 25 de noviembre con el ímpetu de la manifestación independentista del 11 de septiembre. La falta de recursos económicos por la caída de los ingresos motivada por la crisis y las deudas atenazan y alientan al mismo tiempo el discurso independentista que el 23 de enero materializó el Parlamento catalán con una declaración soberanista, recurrida ante el Tribunal Constitucional y que podría quedar suspendida esta misma semana como medida cautelar.

El escenario no podía ser peor. El paro no cesa de aumentar también en Cataluña, al igual que los casos de corrupción y de espionaje político, hasta el punto de que el delfín de Mas, Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex president Pujol, ha sido imputado judicialmente por usar su peso político para su beneficio y el de sus amigos en el caso de las ITV. Pero son las deudas lo que más atenaza al gobierno catalán. Después de haber superado los 50.000 millones de deuda, lo que supone el 25% del PIB, la Sindicatura de Cuentas ha revelado que los pagos comprometidos por los gobiernos catalanes se prolongan hasta el año 2108 en facturas diferidas de las que abusó el tripartito presidido por Montilla. El informe del organismo de control de las cuentas públicas constata, por ejemplo, facturas aplazadas por concesiones para construir y explotar equipamientos a pagar hasta el año 2041, derechos de superficie para comisarías, juzgados y centros penitenciarios hasta el 2042 o para equipamientos escolares hasta 2037. Los pagos que alcanzan hasta el año 2018 corresponden a la futura cárcel de preventivos de Barcelona que debería sustituir a la obsoleta Modelo.

Vencimientos en abril por 4.420 millones

Por su fuera poco, en este mes de abril la Generalitat afronta el vencimiento de la última emisión de los denominados bonos patrióticos a un año or valor de 1.531 millones de euros, a los que hay que sumar el vencimiento de más de la mitad de la deuda del año, hasta totalizar los 4.420 millones. El total de vencimientos del ejercicio 2013 para la Generalitat suma 7.859 millones de euros. De ahí que la consejería de Economía haya solicitado al Gobierno al menos 9.073 millones al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Aunque todavía ERC apoya a CiU en el gobierno de la Generalitat, Artur Mas ha regresado a la moderación que históricamente ha caracterizado a la federación nacionalista. Al menos en su discurso. Una moderación plasmada tras la recuperación del diálogo entre presidentes, materializado en la reunión secreta que mantuvieron Rajoy y Mas antes de Semana Santa. Una moderación que se traduce, del lado de la Moncloa, en la flexibilización del objetivo de déficit para Cataluña por encima del 0,7 por ciento impuesto hasta ahora a las comunidades autónomas, hasta alcanzar probablemente el 1,5 por ciento, lo que implicaría al gobierno de Mas aplicar unos recortes al presupuesto de 2013 de “sólo” unos 2.500 millones y no del doble. Del lado de la plaza de Sant Jaume, la consulta soberanista no se antoja ahora tan urgente y Mas abre la puerta a otros aliados, como el PSC, mientras el PP catalán ofrece que el diálogo con CiU sea estable siempre y cuando el objetivo prioritario sea sacar a Cataluña de la crisis.

El día que echó a andar la décima legislatura catalana, el pasado 27 de diciembre, mientras se celebraba el acto solemne de toma de posesión de los doce consejeros, en otra dependencia de la Generalitat, el gobierno en funciones firmaba el contrato con Acciona para la adjudicación de la gestión de la empresa pública Aguas Ter Llobregat (ATLL), por la que la compañía de la familia Entrecanales abonó 300 millones como pago del primer tramo del canon. Un dinero que sirvió para abonar las nóminas de diciembre de los funcionarios de la Generalitat. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) de dejar sin efecto la adjudicación, por lo que Acciona podría reclamar una millonaria indemnización. Mas lleva cien días de dependencia… económica y de los errores.