La batalla legal iniciada incluso antes de que la Generalitat adjudicase a Acciona la empresa pública catalana Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece de agua a Barcelona, sigue complicándose. Una pugna protagonizada, por un lado, por los ganadores de la adjudicación: Acciona y el banco de inversión brasileño BTG Pactual y Agbar, en el otro bando. Y aparentemente neutrales, la Generalitat que mantiene la idoneidad de su decisión y el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc) del Gobierno catalán, que el 2 de enero anuló la oferta de Acciona por considerar que vulneraba el pliego de condiciones. Un argumento, éste último, que tiene su origen en los enunciados de Agbar.

En este contexto, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de no admitir las medidas cautelares solicitadas por la Generalitat y por el consorcio adjudicatario del contrato -ni tampoco las de la otra parte del litigio- puede cambiar el panorama en el que se desarrolla este conflicto.

En medios empresariales se está a la espera de la decisión que tome el Ejecutivo que preside Artur Mas porque será una pista muy importante respecto a los pasos que va a dar en el futuro. Si la Generalitat recurre la decisión del TSJC se interpretaría como una reforzamiento de su posición hasta el momento. En esta línea, en unas recientes declaraciones el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, señalaba que no se descartaba recurrir la la citada decisión del TSJC. No obstante, también citó el respeto del Gobierno hacia las decisiones del tribunal. En principio tienen hasta el próximo viernes para presentar el recurso.

A este complejo panorama se le abren tres posibilidades: que la Generalitat opte por dejar que el proceso siga su curso en los tribunales, que convoque un nuevo concurso, incluso, que adjudique la concesión a Agbar. En los dos últimos eventuales escenarios, Acciona recurriría la anulación de la concesión y exigiría, además de la devolución de los 300 millones de euros pagados una indemnización por daños y perjuicios. Medios consultados   indican además que daría una pésima imagen del Gobierno catalán en los mercados internacionales, dado que adicionalmente un fondo internacional participa en el consorcio ganador.

Mientras, Acciona presta el servicio con las condiciones a las que se comprometió en el pliego del concurso, por más que Agbar argumentó que la propuesta era inviable. Y después de conocer la resolución del tribunal superior ha destacado, junto con BTG, algunas de las características de su oferta. Así cifran en más de 900 millones el ahorro que representa su contrato para los usuarios de Cataluña. Y han recordado el compromiso de mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo de ATLL durante los 50 años de vigencia de la concesión.