Pocos motivos para el optimismo, por no escribir que no hay ninguno. En el primer trimestre se han registrado más de 2.700 procesos concursales nuevos, según el seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el Área de Administración de Riesgos de la aseguradora especializada Crédito y Caución, controlada por el grupo Atradius (cuyo principal accionista es Catalana Occidente), a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. El dato no sólo es negativo, sino que marca un máximo histórico, al crecer un 7,2% por encima de los niveles alcanzados en el último trimestre de 2012.

“Ningún indicio permite anticipar un cambio en esta evolución de la concursalidad a corto plazo”, admiten en Crédito y Caución. Si sus previsiones se confirman, los niveles de insolvencias judiciales crecerán este año con la intensidad de los dos ejercicios anteriores, superando por primera vez la barrera de los 10.000 concursos anuales. “Esta tendencia se romperá previsiblemente en 2014, en línea con las previsiones de mejora de algunos indicadores clave de la actividad empresarial” matizan los expertos de la firma especializada en el seguro de Crédito.

El retrato robot de un concurso de acreedores es el de una pequeña empresa, con cerca de 20 trabajadores. No se trata ya de empresas de reciente creación, que fueron las primeras en padecer los efectos de la crisis en 2008 y 2009, sino, lo que es más preocupante, de entidades ya consolidadas en sus sectores. En dos de cada tres casos, la destrucción de tejido productivo está afectando a empresas con más de diez años de antigüedad, que fueron capaces entonces de adaptar sus flujos financieros y su actividad, pero están cada vez más presionadas por la prolongación en el tiempo de la crisis.

En un entorno marcado por la debilidad del consumo interno, la insolvencia judicial de estas empresas se ve propiciada por las dificultades para acceder a nuevas refinanciaciones financieras, el agotamiento de los activos líquidos, la imposibilidad de profundizar en la reestructuración de sus costes, el fracaso en los planes de internacionalización o la trasmisión, a través de la morosidad, de la insolvencia de los clientes.

“En este entorno, hay que perfeccionar los sistemas de detección y seguimiento de los riesgos. La concursalidad está creciendo y seguirá haciéndolo, al menos durante 2013, pero en la comunidad de empresas reunida en torno a Crédito y Caución, donde llevamos a cabo una vigilancia muy activa de los riesgos, su impacto se está reduciendo notablemente, en más de un 30% anual”, explica el director del área de Recobros de la aseguradora, Miguel Ángel Díaz del Hoyo.

El comercio minorista, el más afectado

Aunque la internacionalización de la actividad es una de las principales palancas para afrontar la debilidad del consumo interno en el mercado español, hay subsectores como el comercio minorista con muchas limitaciones para afrontar este tipo de procesos con garantías. En ese sentido, el sector servicios registra el mayor crecimiento trimestral de los niveles de concursalidad: 22%. Si el comercio minorista es ahora el sector más afectado, destaca el descenso de la concursalidad en los tradicionalmente vinculados a la actividad inmobiliaria, como construcción (-7%), maderas y muebles (-30%) o electricidad (-13%).

Por autonomías, destaca el incremento del 53% de la Comunidad de Madrid. En Cataluña, la comunidad que concentra habitualmente el mayor número de concursos debido a su peso en la economía española, se ha producido un aumento del 19%. Andalucía (-14%) o la Comunidad Valenciana (-8%), que cuentan también con un peso importante por el número de procedimientos, registraron, en cambio, descensos.