Los acreedores de Reyal Urbis, que presentó en febrero concurso voluntario de acreedores, cuentan con un mes a partir de este jueves, 4 de abril, para comunicar las deudas que la empresa tiene contraídas. La información la deberán aportar a la administración concursal, que está formada por la CNMV y de la Agencia Tributaria, así  como a la auditora BDO.

Además, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ratificado la capacidad del deudor para conservar las facultades de administración y disposición de su patrimonio, si bien sometidas a la intervención de los administradores concursales.

El proceso judicial avanza mientras las negociaciones con la banca ponen de manifiesto las dudas de los acreedores sobe la capacidad de la inmobiliaria para hacer frente a sus compromisos, tanto con las entidades financieras como con otros acreedores. Aunque la venta de activos está sobre la mesa, un problema añadido es que Reyal puede tener que apuntarse minusvalías se vende determinados edificios u otros activos.

Ya en el informe de los resultados de 2012 el auditor auguraba un panorama de depreciaciones adicionales en el valor de los activos, que se verían agudizadas por la entrada en concurso de acreedores. Reyal ya se enfrentó a un proceso de ajuste de sus activos en la segunda parte del 2012, lo que le llevó a cifrar el valor de su patrimonio en 3.124 millones de euros.

Y según los datos del concurso, la empresa controlada por Rafael Santamaría tenía un pasivo inicial de 4.345,4 millones y un activo de 2.621,3 millones, es decir, que el agujero patrimonial asciende a 1.724 millones de euros. Junto con la deuda financiera que suma  3.613 millones -Sareb es la primera acreedora de la inmobiliaria, con cerca de 700 millones de euros-, figuran como deudores principales la Agencia Tributaria y el ICO.

Con todo, Reyal Urbis cuenta en su cartera con 20 activos singulares, con una ocupación de más del 80%. Y también un significativo stock de inmuebles terminados.-633-. Reyal argumenta que su viabilidad pasa, entre otros puntos, por la corrección del valor de los pasivos para adecuarlos al valor de los activos, así como por la continuación del plan de negocio diseñado por la sociedad, que incluye el mantenimiento de la actividad patrimonial, la paralización de la actividad inmobiliaria hasta que no se recupere la financiación y en una política restrictiva de costes en el área personal y de marketing.

Pero uno de sus activos más emblemáticos, el complejo de oficinas, comercial y hotelero que constituye Castellana 200, en Madrid, ya quedó bajo control de un grupo de bancos acreedores a raíz de la última refinanciación de la deuda, que les dio el 51% de su capital. 

Cuenta además con el centro ABC Serrano -que ya intentó colocar en las anteriores refinanciaciones-, la sede corporativa de Unedisa, una cadena de hoteles y varios edificios de oficinas. La inmobiliaria no ha podido incluir en el concurso el complejo de la Castellana ni la cadena hotelera, operada a través de las marcas Rafaelhoteles, Rafaelhoteles By y Holiday Inn. En este contexto, la inmobiliaria ha reconocido que la «práctica totalidad» de sus activos inmobiliarios están hipotecados al ser garantías de préstamos.