«El consejo de administración, en aras de la preservación de la continuidad empresarial de Pescanova y de la protección de los intereses afectados, ha acordado solicitar voluntariamente ante el juzgado de lo mercantil competente la declaración de concurso de acreedores«, según ha anunciado la compañía pesquera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de más de trece horas de reunión del consejo de administración que se celebró el jueves, 4 de abril..

Aunque tenía de plazo casi otros tres meses, tras acogerse al preconcurso el 1 de marzo, la crisis financiera y de liquidez y las fuertes dificultades para incluso alcanzar un acuerdo interno que la diera fuerza de cara a las negociaciones con la banca acreedora ha propiciado esta decisión. La reunión del consejo, que duró más de doce horas, tampoco sirvió para aunar posiciones: la propuesta de acogerse a la antigua suspensión de pagos logró la mayoría de los votos pero no fue tomada por unanimidad.

Como en el consejo extraordinario anterior y en otras ocasiones el órgano de gobierno de la multinacional pesquera quedó dividido en dos bandos: los que apoyan a Manuel Fernández de Sousa y el de el ala crítica formada por José Carceller -representante del grupo Damm, con un 6,2 % del capital-; Francisco Tesch -del fondo Luxempart, con el 5,8 %-, y José Antonio Pérez-Nievas -de Iberfomento, con un 3,39 %-. Y han sido estos consejeros los que se han mostrado contra la radical opción al estimar que la empresa podría seguir negociado con la banca con el anterior status.

Ahora la sociedad queda en manos de las autoridades judiciales que nombrarán los administradores concursales, aunque no se descarta que su actual presidente, Manuel Fernández de Sousa, continúe de momento en el cargo. No obstante, si los administradores llegan a la conclusión que la gestión ha sido la responsable de la actual situación de la firma pesquera se podría decidir su salida .

Mientras, la sociedad subraya que presentará una propuesta de convenio a sus acreedores que garantice, por un lado, la salvaguarda de los derechos e intereses de sus trabajadores, acreedores y accionistas y, por otro, la gestión continuada de Pescanova.

Pescanova optó además por pedir la revocación del nombramiento de BDO Auditores para la verificación de sus cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2012, así como la designación de otro auditor que estará entre las grandes firmas del sector.

Lo que todo indica es que el presidente de Pescanova no presentó las cuentas de 2012 auditadas. La deuda podría alcanzar ya los 2.700 millones de euros, pese a que el pasivo auditado al cierre del tercer trimestre de 2012 ascienda a 1.520 millones.