La llegada del nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, al ministerio de Industria ha dado un nuevo rumbo a la reforma eléctrica. A los cinco reales decretos aprobados en 2012, se ha añadido en una nueva normativa en este ejercicio encaminada a controlar los costes regulados, y con el primer objetivo de eliminar el déficit tarifario, que se produce cuando las retribuciones no cubren los costes de las actividades reguladas. Pero ése no es el único.

Mientras, los últimos cambios introducidos en la legislación energética no han sido bien recibidos por todas las compañías afectadas. Mal por parte de las empresas que se mueven únicamente en las energías renovables y bastante mejor por las eléctricas integradas que estiman que, pese al coste que el conjunto de las modificaciones regulatorias va a tener en sus resultados, se pone en vía de solución el principal problema del sistema: el déficit tarifario. En ese colectivo existe una excepción que es Endesa que se ve afectada por la introducción de competencia en los territorios extrapeninsulares.

Desde el sector se valora, asimismo, otro aspecto, y es lo que se califica de una mayor capacidad de diálogo y de consulta con las empresas, aunque esta opinión no es para nada compartida con las sociedades de energías verdes. En este difícil contexto se quiere desarrollar una profunda reforma de la actividad eléctrica que podría presentarse en junio de este año. Los decretos anteriores son de carácter fiscal o encaminados a reducir los desequilibrios con medidas de alguna forma puntuales.

Modificaciones en el funcionamiento del mercado mayorista, sistema para lograr un mix de generación flexible y adecuar la retribución de las áreas reguladas (transporte, distribución y renovables) a los costes y a la demanda serían algunos de los aspectos que podría contemplar la ley. Y con el objetivo de que el déficit tarifario pase a la historia -en principio desaparece este año- separar de la tarifa todos los costes no relacionados con el sistema y aumentar la competencia. Porque los Presupuestos del Estados asumirán algunas partidas, pero sólo de forma transitoria.

En este contexto existen algunas buenas noticias para la eléctricas: se mantiene la meta de reducir y eliminar a medio plazo la llamada tarifa del último recurso (TUR). Es un tema requerido por el sector por más que las obligará a incrementar su política comercial y de incentivos para cambiar de suministrador. El mercado eléctrico se va a parecer más al de las telecomunicaciones.

La cuestión sigue siendo el umbral de contratación que apartará a los clientes de la tarifa, que ahora está en los 10 kilovatios. Según fuentes del sector, el objetivo del ministerio es realizar una bajada gradual, en primer lugar a los 5 kilovatios y después a los 3 kilovatios en un periodo no superior a los tres años. Y esto supondrá que millones de clientes deberán pasar al mercado libre, prácticamente la totalidad del país. En la actualidad, España cuenta con un 76% de clientes de electricidad con tarifa regulada.