En un país acostumbrado a practicar el puntillismo político con brocha gorda no extraña que el margen de reflexión sobre la ley Sinde solo nos dé para defender a ultranza a la ministra o para atacarla con la misma fiereza. Ese grado de vehemencia es lo único que nos une. Ni soy corporativista como informador, me es igual que quien me explique las cosas sea licenciado en Periodismo o apañado con el macramé con tal de que lo haga bien, ni me siento creador aunque solo sea porque se me antoja imposible alcanzar ese rango de petulancia con unos derechos de autor que apenas me llegan para una de berberechos y dos mostos. Por tanto, más que sentirme ofendido como novelista a la espera de que alguien descargue sus libros, uno se sorprende pasmado en su calidad de ciudadano por la crudeza de un debate entre quienes reclaman barra libre en la cultura pero son incapaces luego de llevarse unos calcetines por la cara del H&M y quienes pretenden poner puertas al campo cibernético con el fin de mantener sus posiciones dominantes.

Y no me refiero a los artistas de verdad ni a los presuntos ni a los que no hay quien soporte ni gratis sino a las grandes compañías que apelan a los espíritus libres y creativos de esos músicos, cineastas o escritores que, en muchos casos, luego tratan como súbditos o esclavos. No es de recibo poner de escudo el arte cuando lo que de verdad te preocupa es tu cuenta de resultados. Nadie de quienes reclaman el libérrimo acceso a los contenidos, estén sujetos o no a la propiedad intelectual, mantendría esas tesis si de ello dependiera su plato de garbanzos. Ese podría ser un buen punto de partida para asumir que algo hay que hacer para no institucionalizar el delito a través de la fuerza de la costumbre. Porque delito es aprovecharte de lo que no es tuyo y de necios o no admitir que esas páginas que ‘molan mazo’ se lucran de una publicidad que solo se justifica en el trabajo o la creación ajena.

Bien podría uno mentir ya que hace lustros que no pasa por el confesionario y jurar que jamás se ha descargado un disco o una película pero no es así. Lo ha hecho porque ha podido hacerlo y bajo esta solemne obviedad acaso se esconda el motor de las decisiones y el meollo del consenso. Es decir, que, en todos los casos, se pueda seguir haciendo pero se estipulen tarifas que recompensen el esfuerzo de los demás a cambio del disfrute propio. Como ya se hace pero de manera generalizada y, en caso contrario, sancionar a quien se salte la ley. Algo que se convendrá que no es nada revolucionario.

De nada vale apelar ya al elevado precio de los productos culturales, que cierto es, porque con lo que es gratis nunca de podrá competir en precio. Ni menos la coartada de refugiarse en la cuenta corriente de Alejandro Sanz, quien, que se sepa, se la ha ganado de manera legitima, para propagar la falacia de que todos los músicos son millonarios y gandules mientras los internautas son la mar de enrollados y valientes por boicotear las páginas web de aquellos con quienes están en desacuerdo.

No digo que no se lo merezcan políticos que se han convertido en mercachifles para tratar de sacar tajada al calor de un derecho a la propiedad intelectual que han demostrado que les importa una higa al lado de sus intereses particulares. Seguro que la ley Sinde no es la mejor pero lo que si parece innegociable es que alguna norma hace falta para que, con el tiempo, no sean los piratas quienes meten en el trullo a los artistas porque no les ha gustado su ultimo trabajo aunque no hayan pagado nada por él.