Fernández Díaz quiso dejar claro que en la policía sólo se ha indicado la necesidad de fijar distancias de seguridad, cuya longitud dependerá de cada caso.

Según explicó en los pasillos del Congreso, «la instrucción que se ha dado es adoptar las medidas operativas adecuadas para garantizar la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y se deja a los mandos que sepan interpretar, con la flexibilidad y proporcionalidad adecuada, cada caso».

«Como ministro de Interior, niego que sea una instrucción para fijar 300 metros, sólo es una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria pero que garanticen los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que exige una convocatoria previa, y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio», insistió.

No tiene sentido una distancia «universal»

A su juicio, es «absurdo» poner la distancia en 300 con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno, y en función de eso las medidas operativas necesarias pueden ser «de 300 metros, de 30 o lo que sea». «Los responsables saben interpretarlo», añadió.

El objetivo de Interior, comentó, es el cumplimiento legal de la protección tanto del derecho de manifestación como del de la inviolabilidad del domicilio articular. Eso sí, ha subrayado que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad gubernativa.

«Y ninguno de esos acosos se han comunicado y por tanto en todos esos llamados escraches, que son acosos, coacciones o intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación», ha recalcado.

«No hay incompatibilidad y todos los derechos tiene que ser preservados -afirmó-. Todos los derechos fundamentales se han de ejercer en el marco de la ley y el de reunión exige comunicación previa a la autoridad gubernativa».

Antes de que hablara el ministro, se informó que el Ministerio del Interior seguirá el criterio de la Ertzaintza y establecerá un perímetro de seguridad ante los denominados «escraches», que en el caso de la Policía Autonómica Vasca es de 300 metros.

Según explicó el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se establecerán «límites espaciales» para compatibilizar el derecho de manifestación de estas protestas con el derecho a la intimidad y la seguridad de los cargos que sufren los «escraches».

En este sentido, ha dicho que esta medida se va a concretar en una Instrucción como la que ha puesto en práctica la Ertzaintza, que este lunes prohibió a los activistas antidesahuicios acercarse a menos de 300 metros del despacho de abogados del diputado del PP José Eugenio Azpiroz en San Sebastián.

Reunión con centenares de jefes policiales

El «número dos» de Interior hizo estas declaraciones en una reunión con más de 330 altos mandos policiales celebrada en el complejo policial de Canillas en la que también ha participado el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, quien en la misma línea se ha referido a «una distancia orientativa» ante los «escraches» aunque ha añadido que habrá que aplicarlo «en función de cada caso».

En esta línea, fuentes policiales consultadas por Ep han advertido de la difiucultad de establecer perímetros de seguridad de 300 metros en algunos casos en los que sería necesario tomar medidas alternativas como interrumpir la circulación de vehículos.

El director general de la Policía ha dicho además que es «un gravísimo error sobredimensionar este problema» de los «escraches» ya que, según ha indicado, se trata de actividades «minoritarias».

Durante su discurso ante los 330 altos mandos Cosidó le ha pedido «ayuda» en su «ambicioso plan de transformación» de la Policía y ha advertido de que «en los próximos meses», la Policía va a «vivir momentos aún más dificiles de los que ha vivido este año«.