En el caso de Lisboa, la decisión sólo se aplicará cuando el Gobierno luso alcance un acuerdo con la troika sobre los recortes alternativos para cubrir la brecha de 1.300 millones provocada por la decisión del Tribunal Constitucional de anular algunos ajustes del presupuesto de 2013, como la supresión de pagas extra para funcionarios y pensionistas.
«Es un nuevo paso adelante muy importante para una vuelta sostenible de los dos países a financiarse en los mercados», dijo el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn.
«Es crucial que tanto Irlanda como Portugal continúen la senda de una aplicación determinada del programa porque es la combinación de reformas que impulsen el crecimiento y una consolidación fiscal coherente la que restaurará la confianza de los inversores», reclamó el vicepresidente.
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