La crisis no genera más fraude, según KPMG Forensic, la rama del grupo de servicios profesionales especializada en la prevención, detección e investigación de estos riesgos para las empresas. Pero sí ayuda a detectarlo. “Al bajar el nivel económico al que nos habíamos acostumbrado en la etapa anterior, han aflorado multitud de irregularidades que no habían sido detectadas previamente al estar camufladas, o incluso en algunos casos, eran conocidas y consentidas, dentro de un entorno de bonanza”, explica Pablo Bernad Ramoneda, socio responsable de Risk Consulting de KPMG para Europa, Oriente Medio, África y sudeste asiático.

Bernad prologa la edición española de “Gestión del riesgo de fraude e irregularidades empresariales. Los retos en un entorno global, regulado y digital” (McGraw Hill, 326 páginas), obra escrita por Richard H. Girgenti, responsable del departamento de Forensic de KPMG y miembro del consejo de dirección del grupo, y por Timothy P. Hedley, que encabeza el departamento de Gestión del Riesgo. En el prólogo reconoce que “a mayores dificultades y presiones financieras, inevitablemente, mayores son los incentivos para cometer irregularidades económicas”.

También señala que el incremento del fraude detectado está “directamente relacionado” con la popularización del uso de las tecnologías de la información y con la globalización de las actividades económicas.

Bernad argumenta que “ninguna empresa está exenta de ser víctima de una acción de fraude por parte de cualquier cliente, proveedor, empleado o directivo”. Y avisa: “Aunque los fraudes que pudieran cometerse en una pyme no tengan repercusión en la opinión pública, pueden involucrar cifras que pongan en riesgo, incluso, la propia supervivencia de la empresa”.

El Estudio Global sobre Fraude de 2012, elaborado por la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), estima que las empresas perdieron 3,5 billones de dólares por fraude en todo el mundo. Una cifra que supone el 5% de su volumen de negocio global. Y que representa nada menos que 2,5 veces el PIB español.

El informe de la ACFE contiene datos que llaman poderosamente la atención. Así, el 77% del fraude a las empresas es cometido por personas que pertenecen a las áreas de contabilidad, operaciones, ventas, gestión, servicio al cliente y compras.

El 87% de los defraudadores nunca había sido acusado o condenado por delitos relacionados con acciones defraudadoras. Y el 84% nunca había sido denunciado o sancionado por sus empresas por haber estado previamente involucrado en operaciones irregulares.

El fraude se repite

Un  estudio realizado por KPMG demuestra que el 91% de los defraudadores no cesó en su actividad fraudulenta tras su primera fechoría, sino que llevó a cabo múltiples actividades irregulares.

Pablo Bernad, socio responsable de Risk Consulting de KPMG para Europa, Oriente Medio, África y sudeste asiático, destaca en el prólogo de esta obra que, a diferencia de otros países de su entorno, “en España no hay una legislación dedicada exclusivamente a combatir las diversas variantes del fraude”. “Ni siquiera está recogido como delito autónomo la comisión de fraude y robo de identidad”, señala.

Pero la reforma del Código Penal en diciembre de 2010 introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y la legislación española se centra “en la necesidad de que las empresas cuenten con las suficientes y debidas medidas de control interno, que mitiguen el riesgo de comisión de cualquier acto que pueda ser irregular, con independencia de que además de irregular pueda ser considerado ilícito”.

“El fraude en la empresa puede reducirse mediante una combinación de medidas de prevención, persuasión y detección”, subraya Bernad. “La implantación de controles internos y su divulgación en el seno de la organización no sólo es importante respecto al mensaje que se traslada a sus integrantes, sino que es el mejor antídoto contra cualquier tentación interna de llevar a cabo conductas fraudulentas o irregulares”, concluye.