La relación que une a patronal y sindicatos se tensa ante el fin de la ultraactividad. UGT rechazó hoy una oferta realizada por Juan Rosell, presidente de la patronal, quien ayer ofreció una prórroga de seis meses a los trabajadores afectados por la desaparición de convenios colectivos. Además, el sindicato que lidera Cándido Méndez acusó a Rosell de intentar allegar el “despido libre y gratuito”, una acusación que responde a la petición de Rosell de un ajuste a la reforma laboral, que allane el camino de los despidos colectivos en los juzgados.

La tensión crece entre patronos y sindicatos. UGT contestó a la propuesta de Rosell por boca del ‘número dos’ de la central, Toni Ferrer, para quien “es insuficiente” la prórroga de seis meses ofrecida por el líder patronal. En su lugar, el sindicato reclama una prórroga más larga que resuelva el bloqueo en la negociación colectiva.

UGT reclama un programa de actuación que fue trasladado el 5 de abril a las organizaciones patronales, junto a CCOO. En este plan, las centrales demandan un acuerdo global para el conjunto de convenios bloqueados, que afectan a 4 millones de trabajadores, según sus estimaciones.

El plan consta de tres pasos. En primer lugar, piden sentarse con los patronos e identificar el problema; esto es, determinar el número de convenios colectivos cuya negociación debería concluir antes del 15 de mayo, que las centrales cifran en 1.800 convenios.

En segundo término, las centrales reivindican un año de prórroga, a contar desde el 8 de julio, para los convenios cuya negociación no haya finalizado antes del 15 de mayo. Y, finalmente, un arbitraje voluntario para los pactos sin acuerdo a pesar de estos pasos.

Alerta contra un retoque que endurezca la reforma laboral

Los convenios, sin embargo, no son la única brecha que separa a empresarios y sindicatos. Un posible retoque de la reforma laboral también preocupa a UGT. En este sentido, está previsto que el Gobierno anuncie nuevas medidas laborales el próximo 26 de marzo.

Empresarios y sindicatos están tomando posiciones antes las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Ayer el presidente de la patronal Juan Rosell demandó al Gobierno que limite al poder de los jueces en la aprobación de los despidos colectivos.

En este sentido, UGT recordó hoy que la Constitución consagra la tutela judicial efectiva en caso de despido. “Pretender coartar la capacidad judicial en esta materia sería una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral”, insistió Ferrer tras acusar al jefe patronal de “volver a incidir en el despido libre y gratuito” con su propuesta.

En medio de este tira y afloja, el Ejecutivo ha descartado que las medidas previstas para el día 26 de abril vayan a ser iniciativas de calado. Probablemente, su contenido se centrará en la simplificación de contratos y bonificaciones ya anunciada por el propio Ejecutivo.

En cualquier caso, los sindicatos calientan ya motores de cara a la movilización del 1 de mayo, que como es tradicional se celebrará en las principales ciudades de España, este año con el lema “No tienen límites. Lucha por tus derechos”.

Los sindicatos han apuntado además en rojo una segunda fecha en su calendario antes del verano. El próximo mes de junio, y en un día aún sin determinar, las centrales preparan una “movilización general” en contra del bloqueo de los convenios colectivos.

En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha llamado a la concordia y ha pedido a las organizaciones patronales y sindicales que agilicen la negociación de tal forma que se evite un colapso en el nivel de protección que brindan los convenios colectivos, por el final de la ultraactividad.

Sin embargo, los sindicatos persisten en sus críticas contra los empresarios, a los que acusan de dilatar adrede las negociaciones, aprovechando así la amenaza de desprotección que se cierne sobre los trabajadores.

En este sentido, Rosell salió ayer tímidamente a defender la buena fe negociadora de los empresarios. Sin incidir demasiado en el tema, el jefe de la patronal señaló a los sindicatos como los responsables del bloqueo de la negociación, según le han transmitido, afirmó, algunas de sus organizaciones.

La ultraactividad, eliminada por la reforma laboral, era la vida prolongada de un convenio colectivo más allá de su fecha de caducidad. Esta prórroga garantizaba la pervivencia de las condiciones laborales recogidas en el convenio hasta la llegada de uno nuevo. Sin embargo, la reforma laboral instituyó que, cuando un convenio haya llegado a su fecha de vencimiento y una vez transcurrido un año sin acordarse su renovación, su contenido se convierte en papel mojado y deja de estar vigente.

Los trabajadores cuyos convenios decaigan deberán buscar amparo en convenios de ámbito superior. En caso de no existir, los afectados solo hallarán un último parapeto en la legislación laboral; en concreto en el Estatuto de los Trabajadores cuya aplicación puede suponer un deterioro considerable de sus condiciones de trabajo.