Quedan muchos asuntos pendientes para que las autopistas de peaje que están con riesgo de quiebra, después de haberse acogido al preconcurso o concurso de acreedores, pasen a formar parte de la empresa pública que prepara el Ministerio de Fomento para acoger esos activos. Esta salida que parecía la más idónea, siempre que tuviese una repercusión controlada en las cifras del déficit público, puede que tenga que cambiar significativamente o tener una aplicación parcial.

La solución, que ahora es la preferida de la Administración frente a los créditos participativos y cuentas de compensaciones a los titulares de las autopistas que en el pasado año no se pagaron, cuenta todavía con varios escenarios y uno de ellos es que algunas de estas vías no pasen a formar parte de la reedición de la empresa nacional de autopistas. Por ejemplo, las constructoras que forman parte del consorcio que gestiona las radiales de Madrid están reacias a que sus activos se incluyan en una sociedad en la que también estarían autopistas que se consideran inviables y no básicamente «víctimas» de  la crisis económica y el exceso de deuda. Y están en contra de esa solución única, al menos, en las condiciones presentadas por Fomento hasta ahora.

Peor es no es la única divergencia. Aunque lo que conocen no les satisface, los titulares de los activos están pendientes de que el ministerio que dirige Ana Pastor les oficialice el sistema por el que van a ser valoradas las inversiones que han realizado, que sería la base para acordar sus participaciones en la sociedad estatal que se quedaría con las infraestructuras, si finalmente aceptan el modelo.

Porque es donde ha surgido el otro problema. Las concesionarias no admiten quitas, que tal y como están ahora planteadas, serían de más del 70%. Y además para formar parte de una compañía en el que estarían en minoría, puesto que quedaría controlada por el Estado, a través de Fomento. «Que las inversiones estén provisionadas, porque también así lo reclaman los auditores, no significa que hayamos renunciado a nuestros patrimonio. No las vamos a regalar».

Según fuentes consultadas, el plan presentado favorece a la banca, que pasaría a alargar los plazos de la concesión de los préstamos, pero con la ventaja de cambiar deuda privada por deuda pública. La concesión de créditos puente por parte de las entidades financieras que podrían destinarse a pagar las expropiaciones -según vayan siendo dictaminadas por el Tribunal Supremo-, tampoco se considera un «concesión» que les haga cambiar de opinión.

Mientras, Fomento lo que quiere evitar algunas de estas autopistas entren en un proceso de liquidación -también están en concurso la autovía Cartagena-Vera, Madrid-Ocaña, Ocaña- La Roda y la AP-41 entre Madrid y Toledo-, Y es que el Estado es el responsable último patrimonial de estas concesiones y se tendría que hacer cargo de las infraestructuras y de las obligaciones contraídas. Pero el órdago a la Administración no está descartado. En total la deuda de estas sociedades ascienda a más de 3.800 millones de euros.

Con todo se diseñan soluciones como que la sociedad Accesos de Madrid sea participada directamente por el Estado, con lo que se evitaría las fuertes quitas que representa el modelo actual de ENA bis. Esta empresa está controlada por Abertis -35%-, Sacyr -25%-, ACS -20%- y Bankia -20%-. Aunque ante esta solución surge una pregunta: ¿qué haría Fomento con el resto de las vías con riesgo de quiebra?