La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el Presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado este lunes un Convenio de Colaboración entre ambas entidades para comatir el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Según el Convenio, el Consejo General del Notariado pone a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social toda la información de que dispone con el fin de combatir el fraude en materia de empleo irregular.

En particular el acuerdo establece los procedimientos telemáticos precisos entre ambas instituciones, para agilizar la recepción y el suministro de la información del Índice Único informatizado, tras las solicitudes concretas de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ámbito de la supervisión y la inspección.

Para posibilitar este acceso se ha modificado el artículo 9 de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Ley 13/2012, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Esta herramienta legal, que deriva asimismo del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, se configura como un importante instrumento trascendental para luchar contra esas conductas fraudulentas.

Según el ministerio de Empleo, esto supone «un paso trascendental en la cooperación institucional que permitirá a la Inspección de Trabajo acceder de modo rápido y eficaz al contenido de todos los documentos que reflejan los actos jurídicos en los que hayan intervenido los notarios, desde que se incorporaron al Índice Único, como instrumento eficaz para la lucha contra el fraude».

Mediante este acceso se obtendrá información fundamental para la función inspectora, como la referente a la composición de órganos de administración de sociedades, la intervención en compraventa de acciones y participaciones sociales, la constitución de hipotecas, apoderamientos, y, en general, para determinar la efectiva titularidad y gestión de las empresas.

De esta manera, asegura el ministerio, se facilitará la investigación de supuestos complejos de fraude, tales como los constituidos por las denominadas “empresas ficticias”, y se contará con un instrumento de indudable utilidad para determinar la existencia de casos de derivación de responsabilidad por deudas a la Seguridad Social, cuando se produzcan sucesiones empresariales o para declarar la existencia de grupos de empresas no transparentes.