Problemas para la Seguridad Social. La sentencia del Tribunal Constitucional que le obliga a revisar su sistema de cálculo de las pensiones, puede suponerle un gasto extra de 1.900 millones de euros, según informó Tomás Burgos, responsable del instituto de previsión social, que este martes compareció en el Congreso de los Diputados para informar sobre las consecuencias de la decisión del órgano judicial.

El secretario de Estado de la Seguridad Social cifró en 1.900 millones el gasto esperado para el ente después de que la sentencia que, el 14 de marzo, echó abajo el mecanismo de determinación de las pensiones y en particular, el umbral exigible a los trabajadores a tiempo parcial para acceder a una pensión.

Según Burgos, las nuevas pensiones que el sistema debería reconocer costarían unos 1.500 millones de euros. Baste decir que el sistema de cómputo anulado por el tribunal llevaba vigente desde el año 1998.

Además, la Seguridad Social incurriría en un gasto anual de 100 millones de euros derivado de las nuevas pensiones reconocidas, afirmó el responsable en su visita a la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de velar por la buena marcha del sistema.

Burgos blandió estas cifras en un intento por acercar a las fuerzas políticas a sus tesis. Según sus propias palabras, se trata de evitar “despropósitos” en el traslado de la sentencia del Constitucional.

El ministerio que dirige Fátima Báñez pretende ahora sellar una acuerdo con los agentes sociales y las fuerzas políticas a fin de minimizar estos gastos. En concreto, le preocupa que la sentencia obligue a fijar un nuevo modo de cómputo que desincentive la cotización, según confesó Burgos.

Los responsables del ministerio temen además que se generalice el fraude, añadió. En otras palabras, temen que, pudiendo pagar la mitad, las empresas se lancen a firmar contratos a tiempo parcial con la intención de aligerar su factura a la Seguridad Social, siempre cuestionada.

Los nuevos gastos agravan la situación de cuentas de la Seguridad Social, muy castigadas por la crisis. Con datos de marzo, el gasto en pensiones contributivas crece al 4,8 por ciento, una décima por encima del mes anterior y muy lejos del 4,3 por ciento presupuestado por el Gobierno para 2013. Unas cuentas que preveían un coste de 106.350 millones de euros en prestaciones contributivas.

Burgos informó además sobre la evolución del Fondo de Reserva de las pensiones. La conocida hucha de las pensiones cerró el año pasado con un valor total de 63.008,57 millones de euros, el 5,93 por ciento del PIB. A 31 de marzo, el Fondo asciende a 63.469 millones de euros, el 6,04 por ciento del Producto Interior Bruto del año 2012.