El sector social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas a la Proposición de Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que ha sido remitido a los grupos parlamentarios del Senado, para que se tenga en cuenta la singular situación de estas personas y de sus familias y se les brinde una especial protección en los procesos de desahucio de viviendas y alojamientos.

Este planteamiento debe comprender no sólo las situaciones individuales, sino que ha de abarcar y extenderse también a los casos de alojamientos colectivos de personas con discapacidad, como pisos de apoyo o para la vida independiente, de los que son titulares organizaciones sin ánimo de lucro, para que se aplique en estos casos la suspensión de los desahucios o lanzamientos judiciales.

El Cermi indica, que, por la finalidad social prioritaria que existe, “no resulta apropiado” que se le apliquen los supuestos de especial vulnerabilidad, ni que se tenga en cuenta la renta de la persona con discapacidad que residan en una vivienda o alojamiento colectivo del que sea deudor titular una entidad sin ánimo de lucro del Tercer Sector de la discapacidad.

Las personas con discapacidad y sus familias no sólo tienen mayores dificultades a la hora de afrontar el abono de las cuotas hipotecarias de su vivienda, debido a los mayores gastos, a los menores ingresos medios que obtiene y a su mayor probabilidad de estar sin trabajo. Además, “una persona con discapacidad con movilidad reducida, ciega, sorda, sordo-ciega o con discapacidad intelectual, tiene muchas más dificultades adicionales a la hora de reconstruir su vida tras ser desalojada de su vivienda”, señalan en Cermi.

Rebaja del porcentaje sobre ingresos

De cara a la tramitación de la reforma de la Ley Hipotecaria en el Senado, el Cermi propone rebajar para las personas con discapacidad el porcentaje que la cuota hipotecaria tiene en relación con los ingresos, que suele ser del 50% de los ingresos netos que percibe el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Sugiere que sea del 40% haya una persona con discapacidad; y del 30% en los casos de parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, con un grado reconocido igual o superior al 33%, o discapacidad física o sensorial, con un grado igual o superior al 65%, así como en casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.

El Cermi pide al Gobierno que se recoja como criterio para conceder el arrendamiento de las casas del Fondo Social de Viviendas, aportadas por las entidades financieras, no sólo los ingresos, sino también la situación de discapacidad de alguno de los miembros de la unidad familiar.

El Cermi agrupa a más de 7.000 asociaciones y entidades ligadas al sector de la discapacidad, y lucha para lograr la inclusión plena, el reconocimiento de derechos y la igualdad de oportunidades de cuatro millones de personas, el 10% de la población española.