Además, se muestra contrario a que las comunidades autónomas con lengua propia deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta en el colegio donde cursen sus estudios.

En cuanto a Educación para la Ciudadanía, el texto afirma que «procedería imponerla como obligatoria en algún momento» ya que han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones del Consejo de Europa y de la UE suscritos por España desde finales de la década de los 90 para «velar por el aprendizaje de los valores democráticos (…) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa».

La reforma que defiende el ministro José Ignacio Wert propone cambiar Educación para la Ciudadanía por otra denominada «Valores culturales y sociales» en Educación Primaria y «Valores éticos» en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Estas materias serían  obligatorias y constituirían la alternativa a la Religión para los alumnos que no optaran por la formación religiosa.

Sobre uno de los más polémicos puntos de la Lomce para las comunidades autónomas con lengua propia, según el cual si un alumno pide las clases en castellano en un centro en el que no se oferta dicha opción, la autonomía correspondiente deberá costearle las clases en un centro privado, los redactores del dictamen del Consejo de Estado señalan que dicho aspecto «no debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia».

La polémica sobre el punto de las lenguas cooficiales en la Lomce tuvo su momento más álgido cuando el pasado mes de octubre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, destacó en el Congreso el «interés» del Gobierno en «españolizar a los alumnos catalanes», una manifestación que provocó una cascada de críticas de los partidos de la oposición y de la Generalitat catalana.

El texto del dictamen está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por otros nueve miembros de esta institución, entre ellos la ex vicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y el ex presidente de UCD Landelino Lavilla

La polémica sobre el punto de las lenguas cooficiales en la Lomce tuvo su momento más álgido cuando el pasado mes de octubre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, destacó en el Congreso el «interés» del Gobierno en «españolizar a los alumnos catalanes», una manifestación que provocó un aluvión de críticas de los partidos de la oposición y de la Generalitat catalana y tuvo su momento más delicado cuando la consejera catalana, Irene Rigau, abandonó una reunión de consejeros autonómicos con el Ministerio de Educación para mostrar su rechazo al borrador de la ley.

Además, la mayoría absoluta del PP impidió el 30 de octubre un intento de la oposición (UPyD se abstuvo) de reprobar a Wert por esas declaraciones.