El récord del llamado déficit de tarifa -cuando los ingresos no cubren los costes de las actividades reguladas-  ha desbordado todas las previsiones del Ministerio de Industria al alcanzar los 5.609 millones de euros en 2012, frente a los 1.500 millones inicialmente programados. Ha sido un 45,7% superior al del año anterior y vuelve a presionar el proceso de titulización de este deuda.

En este contexto, y pese a que este ejercicio está previsto un déficit cero por las medidas ya implementadas -como la reducción de las primas a las energías renovables- y por el crédito extraordinario por 2.200 millones de euros que aportará el Estado al conjunto del sistema, los responsables de la política energética estiman que son necesarios cambios profundos en el funcionamiento para eliminar un problema que podría reproducirse el próximo año. Además en los primeros meses del año el déficit no se ha eliminado.

Mientras que está previsto que la ley que fijará el nuevo modelo energético, con cambios en el mercado mayorista para que algunas energías no estén tan primadas a la hora de entrar en funcionamiento y en el sistema de tarifas se anuncie a mediados de año, en medios del sector se estima que antes volverán a producirse modificaciones, y no sólo las anunciadas para las Islas Canarias y Baleares. Se centrarían en nuevos recortes de los costes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere hacer de estas revisiones uno de sus puntos fuertes para «vender» en Bruselas y en Europa, en general, su política de reformas.

Y están dispuestos a enfrentarse a las demandas que le pueden llover. Las eólicas ya han llevado a los tribunales su desacuerdo con la nueva regulación energética diseñada por el Ministerio de Industria. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra la orden del 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso que rigen desde el pasado 1 de enero y las primas al régimen especial. La patronal de las eólicas cree que la disposición “no es ajustada a derecho y es gravemente lesiva” para sus intereses.

Y durante la presentación a los analistas de los resultados de primer trimestre, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, señaló que las tasas que paga la compañía son superiores a los costes laborales netos, al tiempo que han absorbido las mejoras de eficiencia implementadas.

El Gobierno aprobó una modificación normativa a finales de 2012 para permitir titulizar -es decir, emitir en el mercado con el aval del Estado- la totalidad del déficit tarifario del pasado año, en lugar de los 1.500 millones permitidos hasta entonces por la legislación.