La expulsión de Manuel Fernández de Sousa de la dirección y el consejo de administración de Pescanova por decisión del juez que ha instruido el concurso de acreedores de la compañía ha sido recibido con alivio por parte de los afectados, incluida  la banca acreedora, que temía que al ser concurso voluntario Sousa hubiese permanecido en la empresa. Y con el embrollo que rodea a esta multinacional pesquera, contase con capacidad para seguir moviendo hilos desde dentro, pese a la presencia del auditor forense KPGM, que revisa la situación de la compañía.

Ahora a la espera del nombramiento del administrador concursal, que será elegido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en medios financieros se estima que el peor de los escenarios dibujado hace unas semanas ha sido rebasado y que la deuda del grupo supera los 3.300 millones de euros.

Una vez el juez ha dado los pasos que comunicó el jueves y que se conozca la persona que va a dirigir la compañía, previsiblemente durante meses, la banca va a reorganizar el steering committee para reanudar las negociaciones, aunque casi se parte de cero, ya que en la anterior etapa no se avanzó dada la falta de datos fiables sobre la deuda y sin las cuenstas de 2012 auditadas.

Porque además esta marea se ha llevado por delante a todo el consejo de administración, y el juez destaca en su auto que ese órgano de gobierno, que estaba dividido, ha incumplido el deber de formular las cuentas anuales de 2012 en el plazo indicado. Al magistrado también le ha llamado la atención el hecho de que la solicitud de concurso de acreedores se tomase por mayoría en el consejo de administración, pero no por unanimidad, lo que «da cuenta de la existencia de discrepancias en una decisión de tal trascendencia».

Por otro lado, los procesos legales se acumulan. Este jueves también un accionista particular ha presentado -a través de la sociedad Gesrenta BCN- una querella criminal ante el Juzgado Central de Instrucción contra el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, y el exconsejero delegado y accionista, Alfonso Paz-Andrade, por presuntos delitos de manquinación para alterar el precio de las cosas. En concreto se trata de la venta de acciones por parte de Paz-Andrade por un valor de 3,2 millones de euros, semanas antes de que la multinacional pesquera presentara el preconcurso de acreedores. Y Fernández de Sousa, en diciembre, enero y febrero, vendió «sin comunicárselo» a la CNMV, como es obligatorio, 1,986 millones de acciones, por más de 30 millones de euros.