Los últimos datos aportados por el Ministerio de Fomento corroboran la crisis que atraviesan las autopistas de peaje estatales, que tuvieron un tráfico medio diario de 16.641 vehículos en 2012, lo que supone un retroceso del 10,1% respecto al ejercicio anterior. Es una evolución muy negativa, pero lo es más si se ve con perspectiva, puesto que estas infraestructuras suman seis años de caídas, desde que en en en 2006 lograrán su mejor ejercicio. Además 2012 es el año con un porcentaje más elevado de descenso con citado 10%; en esta última etapa el ejercicio peor había sido 2008, con un -6,8%.

En un primer examen no aparecen datos positivos. Las estadísticas de tráfico pesado, que reflejan casi con más nitidez la evolución de la economía, son aún más bajistas: la caída acumulada hace que pasen de los 3.836 vehículos día de 2002 a los 2.105 de 2012.

Si bien prácticamente todas estas infraestructuras se ven afectadas por la disminución de la demanda, las que ya están en concurso de acreedores como la AP-41 (Madrid-Toledo), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la R-4 (Madrid-Ocaña) y la R-3 (Madrid-Arganda), son las que presentan datos más regrsivos. Lo mismo ocurre con las autopistas de Levante que se enfrentan a una situación similar.

Este escenario complica más encontrar una solución que rescate estos activos, que, en caso de quiebra, volverían a ser responsabilidad del Estado, al ser concesiones administrativas. Y, con todo lo que conlleva de las obligaciones derivadas de las deudas, cerca de 4.000 millones de euros, y otros compromisos financieros y operativos; unas derivadas que hacen que que desde Fomento y Hacienda se intenten arbitrar una fórmula que tenga la menor influencia negativa posible en la contabilización del déficit público.

Pero la creación  de una nueva empresa nacional de autopistas, aceptada por la banca acreedora con determinados requisitos, es aún vista con recelo por parte de las constructoras y concesionarias, que no quieren traspasar sus activos a una sociedad mayoritariamente pública y supondría un fuerte descuento en el reconocimiento de las inversiones realizadas.