El sector de la construcción ha unido sus fuerzas tras cinco años de crisis para pedir al Gobierno un plan de reactivación similar al que se ha puesto en marcha en el sector del automóvil, con una inversión de hasta 9.000 millones de euros en los próximos tres años, con los que espera crear 162.000 empleos, así como otras medidas de «desregulación» para dar salida al ‘stock’ de 650.000 viviendas vacías que estrangula al sector.

Estas propuestas se incluyen en un plan de acción consensuado para reactivar el sector, que se ha presentado en la sede de la CEOE en el marco de la Feria Construmat, que se celebrará entre el 21 y el 24 de mayo en Barcelona.

El sector parte de que, asumidos los errores propios de la fase alcista, el sector de la construcción sigue siendo imprescindible para salir de la crisis y crear empleo. Así, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, ha dicho durante la presentación que «no se podrá recuperar el empleo si no se recupera la construcción».

Por ello, desde «la envidia sana» al sector del automóvil, también ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que celebre una cumbre con el sector en el marco de la Feria Construmat.

Antes de poder reunirse con el jefe del Ejecutivo, Lazcano ha reclamado de antemano que «cualquier holgura presupuestaria» que pudiera haber, por efecto por ejemplo de la reducción del coste de la deuda, «sería oportuno dedicarla al sector».   Así, han pedido un plan de choque con una inversión pública en infraestructuras de 1.500 millones de euros en 2013, 3.000 millones en 2014 y 4.500 millones en 2015, lo que, a razón de 18 empleos nuevos por millón invertido, permitiría generar 162.000 empleos en tres años. Según Lazcano, se trata de un inversión «modesta».

En el ámbito residencial, otras de las propuestas persiguen la «desregulación normativa» para dar salida a las cerca de 650.000 viviendas en ‘stock’. Según ha explicado el presidente de la CNC, podría contemplar que la vivienda protegida vacía pueda ponerse en el mercado libre -15.000 unidades, según los datos que maneja el sector–, que se reduzcan las reservas de suelo para VPO o incluso la posibilidad, que ya fue apuntada en su día por el Gobierno, de dar permiso de residencia a compradores de vivienda extranjeros.

En este punto, el presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), Manuel Galindo, ha precisado que la vivienda protegida que no puede ponerse en alquiler o venta «no cumple una función social», con lo que debería abrirse al mercado, y ha añadido también la posibilidad de que las viviendas libres, hasta unos precios máximos, puedan obtener los mismos beneficios fiscales que las viviendas acogidas a los planes de vivienda.

Por último, el presidente de Construmat, José Miarnau, ha recalcado que es la primera vez que de forma permanente los agentes del sector suman sus esfuerzos y, aunque ha admitido que el sector «ha cometido los errores propios de las fases expansivas», ha subrayado que «es un sector demasiado importante para que los poderes públicos lo abandonen a su suerte».

«Pedimos al Gobierno, y a las administraciones públicas a todos los niveles que nos acompañen en esta nueva época. El sector público y privado deben cooperar para el bien común, que no es otro que el de crear riqueza. No se puede dejar bajo ningún concepto al sector en caída libre, ni se lo merece ni nos lo podemos permitir», ha añadido.