En concreto y según datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la Agencia Tributaria recaudó el año pasado año un 26,6% menos de lo previsto inicialmente por el Gobierno debido al aumento del desempleo.

En contra de lo que recoge el plan de reformas, Gestha entiende que las últimas medidas impositivas adoptadas en el IRPF sí afectan a la fiscalidad sobre el trabajo, como es el gravamen complementario que entró en vigor en 2012,

Este gravamen, que se mantendrá hasta 2014, se ha revelado según Gestha como ineficaz tras constatar que la Agencia Tributaria recaudó el pasado año un 26,6% menos de lo previsto inicialmente por el Gobierno debido al aumento del desempleo.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que el Plan Nacional de Reformas 2013-2016 (PNR) no incluye medidas ambiciosas en el control de la economía sumergida y la mejora de la eficiencia del gasto público durante los próximos cuatro años.

En concreto, para los Técnicos, la única medida nueva en 2013 para la lucha contra el fraude es la creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, puesto que las personaciones de inspección y recaudación no suponen ninguna novedad.

No obstante, Gestha reconoce que la Ley antifraude aprobada en 2012 tendrá efectos en 2013 y en los próximos ejercicios sobre todo la limitación del pago en efectivo por encima de 2.500 euros, la obligación de informar sobre bienes situados en el extranjero o la posibilidad de adoptar medidas cautelares en procesos penales de delito fiscal.

En contra de lo que recoge el plan de reformas, Gestha entiende que las últimas medidas impositivas adoptadas en el IRPF sí afectan a la fiscalidad sobre el trabajo, como es el gravamen complementario que entró en vigor en 2012 -y que se mantendrá hasta 2014- el cual, además, se ha revelado como ineficaz tras constatar que la Agencia Tributaria recaudó el pasado año un 26,6% menos de lo previsto inicialmente por el Gobierno debido al aumento del desempleo.

Gestha atribuye esta desviación en los objetivos de recaudación a que este gravamen recae en un 80% sobre los trabajadores, incluidos los parados y pensionistas, que son los principales perjudicados por la política de recortes y ajustes salariales; y no sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

También los Técnicos lamentan que el citado plan no incluya medidas generales para la mejora de la eficiencia del gasto e inversiones de las Administraciones Públicas y de sus Organismos, limitándose a describir unas acciones para el control del gasto público educativo y sanitario y para la Dependencia.

Gestha atribuye esta desviación en los objetivos de recaudación a que este gravamen recae en un 80% sobre los trabajadores, incluidos los parados y pensionistas, que son los principales perjudicados por la política de recortes y ajustes salariales; y no sobre otros rendimientos más vinculados a los grandes patrimonios, como los de capital.

Además, el impacto del desempleo también se dejó notar en el volumen de recaudación ya que el año pasado engrosaron las listas del paro otras 691.800 personas, más de las previstas por el Gobierno a principios de 2012, lo que supuso unas pérdidas para Hacienda de 1.800 millones de euros por los salarios que dejaron de tributar en el IRPF.

Dado el fracaso de la subida del impuesto sobre la renta, Gestha lamenta que se prorrogue un año más y reclama al Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy que impulse un cambio de rumbo de sus medidas económicas, enfocadas a estimular el crecimiento económico y a reducir la dimensión de la economía sumergida.

En este sentido, los Técnicos del Ministerio de Hacienda apuestan por reducir la evasión fiscal y laboral que cada año resta casi 90.000 millones de euros a las arcas públicas y destinar parte del dinero recuperado a la puesta en marcha medidas que eviten ajustes adicionales, como proponen la mayoría de los partidos de la oposición.

Gestha también aboga por acordar un gran pacto fiscal que recupere el espíritu de los Pactos de la Moncloa, dejando de lado intereses partidistas. Los ejes de este pacto serían la reducción del fraude en diez puntos sobre el PIB para recaudar más de 38.000 millones de euros anuales, así como un nuevo tipo impositivo del 35% para las grandes empresas con más de un millón de euros de beneficios, que reportaría 13.943 millones adicionales a las arcas públicas.