El Gobierno ha pospuesto dar luz verde este viernes al proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) aludiendo a que faltan por cerrar aspectos de la memoria económica que acompaña al texto, según fuentes oficiales.

Sin embargo, en medios educativos se tiene la convicción de que la huelga y las manifestaciones del día 9  en la enseñanza pública, cuando padres, profesores, alumnos y sindicatos protagonizaron una protesta conjunta contra la ya popularizada como “ley Wert” ha sido el detonante de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no llevar el proyecto al Consejo de Ministros de hoy.

Y es que este jueves, además de los paros –su incidencia difiere según la procedencia de los datos- miles de personas salieron de nuevo a las calles de las principales ciudades españolas como cierre de la mencionada huelga.

La decisión del Gobierno retrasa la remisión del proyecto de Lomce al Congreso de los Diputados ralentiza el proceso, aunque se mantiene el objetivo de que la séptima ley educativa de la democracia esté  aprobada «en otoño» a fin de que se pueda cumplir el preceptivo plazo de diez meses para la adaptación curricular y la Lomce pueda estar de facto en las aulas en el curso 2014/2015.

La Lomce salió del Congreso como anteproyecto el pasado 21 de septiembre. Desde entonces, su impulsor, el ministro José Ignacio Wert, se ha reunido con la mesa sectorial de Educación (sindicatos) y con las comunidades autónomas, y ha sometido la iniciativa al dictamen del Consejo Escolar y del Consejo de Estado.

Precisamente, ha sido el Consejo de Estado el que ha propuesto las modificaciones más relevantes a un texto de por si controvertido. En concreto el dictamen del Consejo de Estado recomienda buscar fórmulas distintas para la enseñanza en castellano en las comunidades con lengua propia y para financiar los centros que educan por separado a niños y niñas. También sugiere que no debe desaparecer la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

En cuanto al castellano, la redacción inicial del proyecto de Lomce establece que las autonomías con lengua propia tendrán que pagar la matriculación en centros privados que enseñen en castellano cuando no haya oferta docente pública o concertada para quienes deseen ser escolarizados en la lengua oficial del Estado. El Consejo de Estado considera que “no debería constar en la ley” por la dificultad “técnico-jurídica” de su aplicación y por la invasión de competencias, ya que “afecta al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia”.

Sobre la igualdad de la educación diferenciada, el proyecto inicial garantiza por ley el derecho de los  centros que practican este modelo a acceder a conciertos educativos.

En ambos aspectos, el Ministerio se ha comprometido a buscar fórmulas que atiendan las sugerencias del Consejo de Estado.

Parece más difícil de atender por el Ejecutivo de Rajoy la recomendación de que Educación para la Ciudanía no desaparezca. El informe señala que “acaso procedería imponerla como obligatoria en algún momento”. Sin embargo, el Ministerio que dirige Wert pretende solo una incorporación “transversal» del contenido de la materia.

Hay que tener en cuenta que este curso los contenidos de Educación para la Ciudadanía han cambiado  por Real decreto, pese a que   el Tribunal Supremo dijo en diciembre que no veía en ella carácter adoctrinador.

La norma contiene otras novedades, no todas bien recibidas. Destacan entre ellas la implantación de evaluaciones con carácter estatral estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarios para obtener el título y, el correspondiente al  Bachillerato, lo que se ha dado en llamar “reválida” sustituirá a la actual Selectividad.

Otro cambio importante  afecta a 3º de la ESO, ya que se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

La memoria económica de la Lomce es otro de los aspectos más debatidos y menos consensuados.  Wert aseguró en la presentación del anteproyecto que tendría un coste «nulo» de implementación y para su consolidación se necesitarían unos 300 millones de euros. Después, en  enero de este año, dijo que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros (23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero).

Por su parte y en palabras del ministro, las comunidades  asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del «éxito», en términos de abandono escolar, de la reforma. Tanto el Consejo Escolar como el Consejo de Estado advirtieron de la necesidad de dotar de medios suficientes la ley.