El Ministerio de Fomento ha lanzado su último plan para crear la nueva Empresa Nacional de Autopistas que agruparía la decena de autopistas de peaje en concurso de acreedores o con riesgo de entrar en ese proceso. Y lo hace sobre las bases de que la deuda que asuma el Estado no compute como déficit público y que sean las concesionarias (la mayor parte compañías de  construcción) las que asuman el coste de de la operación. Mientras, los bancos, que no tendrían que afrontar quitas, concederán nuevos préstamos que se sumarían a los 4.000 millones que ahora el conjunto de estas infraestructruras adeuda.

La sociedad que plantea el departamento que dirige Ana Pastor contaría con un capital de 608 millones de euros, en la que el Estado contaría con la mayor parte del capital, mientras que a las concesionarias -Abertis, FCC, Sacyr, Ferrovial, OHL; Globalvía y dos decenas más de empresas- se quedarían con alrededor del 20% de las acciones. Aquí reside dos de las cuestiones que rechazan las compañías: el valor empresa por ellas previsto (capital más deuda) está más próximo a los 7.000 millones de euros, cifra que permitiría que el canje de la titularidad de las autopistas por la entrada en ENA no supusiese una quita significativa respecto a la inversión realizada.

El otro aspecto se refiere a los porcentajes: estas sociedades se muestran reacias a participar en un grupo que quedará en manos de Fomento y que además se diseña con un horizonte de decenas de años. Entre las vías afectadas figuran las radiales de Madrid, Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.

El ministerio se muestra, en paralelo, dispuesto a compensar por la devolución de la concesión, pero con los mismos criterios económicos que los de la formación de la nueva ENA: compraría el porcentaje de la concesionaria que le corresponda del citado 20% global, y lo pagaría en un plazo de tres años. Fomento señala además que este proyecto sólo puede salir adelante si todas las concesionarias admiten una u otra posibilidad.

En medios de las compañías se subraya que no pueden aceptar un plan que supone un significativo daño patrimonial, por el que podrían ser objetivo de querellas por parte de sus accionistas. «Aunque las inversiones estén provisionadas, no significa que vayamos a renunciar a ellas», aducen. Un plan que, en su opinión, beneficia básicamente a los bancos, pese a que se comprometan a aportar otros 1.200 millones. Y es que cambian deuda privada por pública, lo que les permite eliminar provisiones y contar con una garantía que ahora no tienen.

Por otro lado, el Ejecutivo evitaría que la deuda contabilice como déficit ya que pasaría a una sociedad con flujos de entrada de ingresos, y que contaría con aumento del flujo de tráfico a partir de 2015.