Quedan ya sólo unas semanas para que la ley eléctrica, que deberá regular el funcionamiento del sector eléctrico, sea estudiada por el Gobierno. La normativa será aprobada por el Consejo de Ministros ante del 30 de junio, según el calendario que maneja el Ministerio de Industria. Y, en este escenario, las compañías del sector comienzan a conocer algunos de los puntos de partida de la ley, que no tendrá el carácter eminentemente fiscal de los decretos anteriores, pero sí que dará pie a que se recorten las retribuciones de algunos activos. El objetivo es que el problema del déficit de tarifa, que este año se podrá solventar con las aportaciones del Estado, se solucione desde dentro.

Una de las opiniones de los responsables de la política energética es que las infraestructuras energéticas que existen en la actualidad en la península son suficientes para asegurar el suministro en varios años, también en distribución. Con esta opinión, Industria sale al paso de las eventuales «amenazas» de las compañías en la línea de que los recortes de la remuneración impide nuevas inversiones. En definitiva si quieren invertir prácticamente sólo en el exterior forma parte de la decisión de cada compañía. Lo que no deben basar sus planes estratégicas en remuneraciones como las existentes hace poco más de año y medio.

Y para las inversiones en generación, la reforma del mercado mayorista –pool–  no se considera que se vayan a orientar con la planificación realizada desde el ministerio. La base de la ley será que el mercado en general tiene que funcionar cono los criterios de los agentes que en el actúan, con las mínimas regulaciones previas. Lo que sí parece que se mantendrá de los objetivos anunciados desde hace meses por el ministro Soria es la restricción gradual de la posibilidad de acogerse a tarifas por parte de los consumidores domésticos o pequeñas y medianas empresas. Lo que es lo mismo, el desaparición en un horizonte de varios años de la tarifa del último recurso (TUR).

En definitiva la ley cambiará sensiblemente el marco de actuación de las eléctricas integradas, de las empresas, como Abengoa, FCC y Acciona, con intereses en energías renovables, pero también de REE y Enagás.