Llevo ya bastantes días leyendo informaciones y comentarios sobre la llamada Ley Sinde y he de reconocer que me encuentro perplejo Vaya por delante mi posición favorable a la protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual, pero también mi convencimiento de que es preciso democratizar y favorecer el acceso de todos a la cultura. Son dos intereses legítimos y socialmente relevantes, que habría que intentar conciliar, pero, sin embargo, aquellos que se alinean con uno  u otro se han dedicado a atacar o a defenderse del adversario con argumentos más o menos pertinentes, enrocados en posiciones maximalistas, y sin realizar esfuerzo alguno para buscar soluciones razonables, constructivas e imaginativas.

Nadie discute la importancia de la cultura para las personas y para la propia sociedad y la conciencia de la importancia es tal  que probablemente la propiedad intelectual es la única que tiene una vigencia limitada en el tiempo, transcurrido el cual sus propietarios son desposeídos de ella sin indemnización alguna, pasando sus bienes al dominio público. Pero la cultura  existe porque hay unas personas que la crean y, en muchas ocasiones, una industria y multitud de profesionales que se ocupan de darle forma y hacer que exista como producto cultural  más allá de la mera creación intelectual. Y nada más lógico que unos y otros tengan una retribución por su trabajo, como ocurre a las personas que desarrollan su actividad profesional, laboral o empresarial en cualquier otro sector de actividad.

Otro concepto al que frecuentemente se recurre en este debate es al de la libertad de expresión, aunque referido por lo general a quienes intermedian en el suministro de bienes propiedad de terceros, y no a aquellos que realmente la ejercitan difundiendo su pensamiento y  produciendo creaciones literarias, artísticas, científicas, etc. Esta es la libertad de expresión que está cuestionada y que puede verse seriamente amenazada si no se crean las condiciones adecuadas para que su ejercicio no sea una pesada  carga.

Pero tampoco tiene sentido ignorar que hoy existe una nueva realidad tecnológica y comunicativa, nuevos hábitos de consumo y que, se quiera o no, los canales tradicionales de distribución de productos culturales se han quedado obsoletos, están en quiebra y no sirven. Y los nuevos están perfilándose de forma espontánea, descentralizada, casi caótica, con actores nuevos y muchas a veces atípicos. Y en este esquema, la tradicional cadena de valor también se alarga y surgen nuevas voces que reclaman  su participación, porque, en definitiva, están colaborando a la difusión de los productos culturales.

En la Red confluyen las grandes producciones, las grandes obras de autores conocidos, de poderosas industrias, que movilizan cuantiosos recursos de promoción,  aquellos que son esperados ávidamente por el público, que tienen su éxito asegurado de antemano y que, justamente por ello, son pirateados casi al instante. Pero también son muchos los creadores escasamente conocidos o desconocidos totalmente, los  pequeños productores, sellos independientes, etc. que sin Internet no tendrían posibilidades de darse a conocer, de promover sus obras, de tener su minuto de gloria, su oportunidad. Es decir, a muchos creadores  no les preocupa tanto obtener una retribución económica por su trabajo, como darse a conocer ellos mismos y  su obra.

La realidad del público, al que se debería facilitar el acceso a la cultura, es igualmente compleja, con situaciones educativas, culturales, económicas, sociales, tecnológicas muy dispares y que no deberían ser reconducidas a un esquema único de gratis total o de pago de los precios fijados unilateralmente por la industria.

En algún momento las industrias culturales tendrán que proceder a revisar su modelo de distribución, pensar en la integración de nuevas ventanas de explotación, en los nuevos agentes del negocio, etc., igual que han tenido que hacer otros muchos sectores. Tratar de mantener artificiosamente los esquemas de actuación del pasado, ignorando los cambios tecnológicos y sociales, no conduce a nada útil.

En esta historia los únicos que están de más son los piratas y seguramente acabarán desapareciendo, no tanto porque les cierren sus páginas,  sino simplemente porque se habrán quedado sin público  como consecuencia de la reforma de los sistemas de distribución introducidos por la industria.

Partiendo del respeto a la propiedad intelectual, del interés social de democratizar el acceso a la cultura; reconociendo el inevitable impacto de las tecnologías de las comunicaciones y la quiebra del esquema tradicional de distribución de los productos culturales, ¿no sería posible un debate en serio y una negociación en profundidad entre todas las partes para consensuar medidas equitativas y útiles para todos?