El texto aprobado establece que Educación adelantará el coste de escolarizar en castellano en colegios privados a los alumnos que hayan elegido esta lengua como vehicular cuando la comunidad autónoma no la oferte en el sistema público o el concertado, como ocurre en Cataluña, según denuncian algunos padres. La Administración central recuperará ese dinero detrayéndolo de las transferencias autonómicas.

Así ha respondido el Gobierno a una de las objeciones presentadas por el Consejo de Estado en su dictamen no vinculante. El texto aprobado mantiene las líneas generales de la reforma ya conocidas y solo introduce ligeras modificaciones relacionadas el mencionado dictamen.

El ministro Wert ha indicado que “ es un mecanismo excepcional y transitorio” que tiene como finalidad ,”hacer cumplir las sentencias judiciales que hasta ahora se han pronunciado al respecto y ha dicho que se debe asegurar en Cataluña la posibilidad de estudiar con más clases en castellano”. Ahora, ahora el sistema es de inmersión lingüística implica que todas las materias se enseñen en catalán, menos Lengua y Literatura Española.

En El Gobierno ha reservado cinco millones de euros de la memoria presupuestaria de la ley (el 21% del presupuesto para la reforma el primer año) para cubrir la escolarización de unos 1.000 potenciales alumnos que solicitaran más clases en castellano en esta comunidad. Hasta ahora, se han conocido 17 denuncias.

Los padres que quieran optar por esta enseñanza tendrán que iniciar un procedimiento administrativo a través de la Alta Inspección Educativa donde demostrarán que no tienen otras posibilidades. En el trámite será oída también la Administración autonómica.

Además, Educación ha decidido también que los alumnos puedan estudiar la asignatura de Religión y su alternativa (Valores Culturales  y Sociales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria), que hasta ahora eran excluyentes. Para ello, ambas serán optativas,  y la Religión contará para pasar de curso.

El Consejo de Estado en su dictamen había considerado que podría existir “discriminación” en los alumnos que optasen por la asignatura de Religión en vez de la alternativa, ya que se verían privados de cursar “una materia sobre valores sociales y éticos a lo largo de su formación».

Sobre la financiación de la reforma educativa, cuya implantación ha sido cifrada por  Wert en 400 millones de euros distribuidos en tres años, Educación confía en captar ayudas del Fondo Social Europeo para cubrir hasta la mitad del desembolso que el Gobierno central tiene previsto realizar. Pero ese ahorro se producirá en los costes directos, los que asumirá el Gobierno central, y no en los costes indirectos, que sufragarán las comunidades y dependerá del éxito que tenga la reforma, es decir, del número de alumnos que sigan o abandonen.

Otro aspecto cuestionado por el Consejo de Estado, el referido a las subvenciones a los colegios que separan a niños y niñas, la nueva redacción de la Lomce introduce una clausula por la que los centros que aplican el modelo de educación segregada deberán justificar si este es tan aceptable como el sistema mixto.

El proyecto que será remitido al Congreso de los Diputados mantiene las evaluaciones externas –popularizadas como reválidas- al final de cada etapa educativa. “De esta manera buscamos disminuir el fracaso escolar”, ha explicado José Ignacio Wert en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una de las novedades incluidas en el texto definitivo es que los exámenes que se realicen en Primaria pasan a ser competencia de las comunidades autónomas. Los controles en 4º ESO y Bachillerato dependerán del Estado y serán homogéneos en todo el país. El ministro considera que «no son reválidas» y prefiere denominarlos  «caminos de señalización».

El titular de Educación ha defendido la «legitimidad» de la reforma, que pretende aplicar a partir del curso 2014-2015,  a pesar del amplio rechazo al proyecto, y se ha comprometido a buscar el «más amplio consenso» durante la tramitación parlamentaria, aunque no renunciará a la reforma que considera imprescindible para reducir el abandono escolar temprano (24,9%) y los mediocres resultados españoles en las evaluaciones internacionales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Wert ha resaltado el «inmenso» gasto que supone la repetición de un porcentaje muy alto de alumnos. El 40% ha repetido alguna vez al cumplir los 15 años, lo que al Estado, según sus cálculos, le supone un desembolso de 2.500 millones de euros.