Las informaciones que emergen de los encuentros de los directivos de las compañías eléctricas con los responsables de la política energética del Ministerio de Industria apuntan a nuevos ajustes de las retribuciones de las actividades reguladas, como la distribución y el transporte, que se sumarían a las ya fijadas en decretos anteriores. Por un lado, se valora el clima, no ya de negociación, pero sí de contactos de los directivos de las compañías ante la nueva ley que fijará el marco de actuación para todas las empresas que operan en el sistema eléctrico. Pero, por otro, las conclusiones apuntan a que invertir en España va ser menos rentable que en el exterior.

El objetivo de Industria es que el déficit de tarifa, que suma más de 33.000 millones de euros, deje de ser uno de los agujeros financieros más relevantes del Estado español. Y que la solución no vaya de la mano de los presupuestos del Estado, como en 2013, sino que llegue desde dentro: a través del recorte de cada una de las partidas de los costes. Esta semana directivos del sector, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, han comparado el agujero eléctrico con el creado por las cajas y las entidades financieras que necesitan de apoyo público.

Las informaciones indican además a que uno de los mensajes transmitidos a las compañías es que en España hay suficientes infraestructuras energéticas, por lo que Industria plantea que por la vía de la cancelación de nuevas inversiones -que deberían ser retribuidas, aunque sea por debajo de lo que ahora se realiza-,  se puede avanzar hacia un equilibrio futuro del sistema.

En este contexto, tanto las compañías integradas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Cantábrico o Eon- como las de energías renovables se plantean modificaciones en sus planes de inversión, con la elaboración o revisión de sus planes estratégicos. Si la ley está prevista que se apruebe antes del 30 de junio, las estrategias del conjunto de las compañías -también forman parte del colectivo Acciona, Abengoa, ACS o FCC-  comenzarán a conocerse en el último trimestre de este año.

Si bien esta tendencia a invertir más en el exterior no es diferente a las de los tres últimos años, el desfase va a agudizarse en los próximos ejercicios, señalan fuentes del sector. Y ésta es una tendencia que comienza a preocupar a los expertos, incluso en el área de generación, pese a que exista un exceso de potencia instalada. En esta línea el tratamiento de la centrales de ciclo combinado va a ser uno de los temas estrella, puesto a que su utilización anual es menor al 20% de su capacidad, son una de las bases que aseguran el suministro.

Y esto no es todo. Modificaciones en el funcionamiento del mercado mayorista y la reducción o eliminación a medio plazo la llamada tarifa del último recurso (TUR), a la que están acogidos millones de usuarios, son otros temas que se contemplarán en la nueva normativa. Es un tema requerido por el sector por más que las obligará a incrementar su política comercial y de incentivos para cambiar de suministrador. El mercado eléctrico se va a parecer más al de las telecomunicaciones.

La cuestión sigue siendo el umbral de contratación que apartará a los clientes de la tarifa, que ahora está en los 10 kilovatios. Según fuentes del sector, el objetivo del ministerio es realizar una bajada gradual, en primer lugar a los 5 kilovatios y después a los 3 kilovatios en un periodo no superior a los tres años. Y esto supondrá que millones de clientes deberán pasar al mercado libre, prácticamente la totalidad del país. En la actualidad, España cuenta con un 76% de clientes de electricidad con tarifa regulada.