Cuando queda poco más de una semana para que YPF celebre la junta de accionistas de 2012 el balance que podrá presentar el presidente de la compañía, Miguel Galuccio, cuenta con más sombras que luces. Si bien dado que, tras la expropiación del 51% del capital propiedad de Repsol, el Estado es el accionista mayoritario, Galuccio sólo tendrá que enfrentarse a las críticas de accionistas minoritarios, entre los que está el grupo petrolero español, con un 12% del capital, y fondos internacionales de inversión.

En el primer trimestre de este año la empresa argentina ha obtenido un beneficio de 1.258 millones de pesos argentinos (185 millones de euros), con un descenso del 2,8% respecto al mismo periodo del año pasado -cuando todavía estaba controlada por Repsol-, después de que la producción de hidrocarburos registrada un descenso del 0,7%.

Otros aspectos negativos son los problemas que el grupo tiene para lograr una financiación barata, a través de las emisiones de bonos que realiza, que le permita afrontar las inversiones necesarias para desarrollar producción y ampliar reservas. Y es que parece que contar con una titularidad mayoritariamente estatal no convence a los mercados.  No obstante, Galuccio puede exhibir el preacuerdo con la estadounidense Chevron para el yacimiento de Vaca Muerta tras meses  de retraso por litigios anteriores.

Pero el perfil que la compañía presenta, un año después de la expropiación de YPF, dista mucho de acomodarse a los argumentos que se esgrimieron para que el Gobierno de Cristina Fernández promoviese y aprobase la operación: avanzar en la plena soberanía en hidrocarburos y en el autoabastecimiento, Por el contrario, el país es ahora más dependiente de las importaciones de gas y otros hidrocarburos, en parte por la debilidad de la producción como por el incendio de una de las más importantes refinerías de YPF. Pero en suma, las fuertes importaciones que llegarán al país básicamente por barco agravan además la débiles cuentas del Estado.