La Comunidad de Madrid se ha marcado como objetivo sancionar a un 8 por ciento de los parados que son citados por los servicios de empleo para comprobar si cobran correctamente la prestación por desempleo. Para ello, según UGT, se tramitan citaciones masivas de desempleados en las cuales, sin utilizar el correo certificado, se amenaza a los parados con perder estas ayudas si no acuden a la cita.

La denuncia del sindicato se produce después otra denuncia que asegura que los servicios de empleo discriminan a los parados por edad y formación a la hora de ofrecerles uno de los escasos puestos de trabajo que se tramitan en las oficinas públicas de empleo. Según la ‘Cadena Ser, los funcionarios tienen orden de buscar candidatos únicamente entre quienes cobran prestación, en una franja de edad entre 20 y 45 años, y con estudios mínimos de bachiller superior.

Volviendo a la denuncia de UGT, el sindicato afirma que los funcionarios citan de forma masiva a los desempleados. A pesar de que la citación no se produce por correo certificado, el hecho de faltar a la cita lleva aparejado la suspensión de la prestación.

Además, el sindicato asegura que la Comunidad de Madrid se ha fijado el objetivo de sancionar al menos a un 8 por ciento de los citados. “Se han fijado objetivos a las Oficinas de Empleo para que al menos el 8 por ciento de los citados sean propuestos para recibir una sanción de su prestación”, afirma.

La prioridad son los que no cobran, dice el Grupo Popular

Tras la difusión de la información, el Partido Popular se ha visto obligado a dar explicaciones. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha recordado este martes a la Comunidad de Madrid que, en esta materia, la “prioridad” son los jóvenes, los parados de larga duración y quienes ya no reciben ninguna prestación más allá de los 400 euros del Plan Prepara, informó Europa Press. Este orden, ha añadido, se pactó en el seno de la Conferencia Sectorial de empleo, en la cual participan las comunidades autónomas.

Por su parte, UGT ha acusado al Gobierno de utilizar una “doble vara de medir” con los desempleados, según cobren o no prestaciones. Según el sindicato, el Gobierno ha emprendido una “cruzada” en la cual no duda en “criminalizar” a los desempleados a fin de ahorrarse dinero en prestaciones.

En la misma línea, el portavoz de la Izquierda Plural en el Congreso, José Luis Centella, ha considerado “aberrante” la política de colocaciones en las Oficinas de Empleo madrileñas. En su opinión, la selección que se realiza en estas oficinas persigue “evitarle al Estado seguir pagando subsidios”.

La cobertura cae cinco puntos en un año

En España, casi tres millones de desempleados perciben ayudas al desempleo. Pero menos de la mitad, en concreto, 1,35 millones, son beneficiarios de prestaciones contributivas. Entre prestaciones y subsidios, un 61,5 por ciento de los parados reciben algún tipo de ayuda.

La cobertura a los desempleados ha disminuido desde el 71 por ciento en 2007, hasta el 61,5 por ciento actual, diez puntos menos con datos de marzo, los últimos disponibles -la estadística de prestaciones se publica con un mes de retraso-. Solo en el último año la cobertura ha caído en cinco puntos.

El gasto total en desempleo supuso en marzo 2.625 millones, un 1,8 por ciento menos que hace un año. El gasto medio por beneficiario supera los 911 euros, excluida la renta agraria de Andalucía y Extremadura. Esto supone una cuantía media bruta de 855 euros por beneficiario, un 1 por ciento menos que hace un año.

En Madrid, cerca de 315.000 personas se beneficiaron de estas ayudas. De ellos cerca de 195.000 cobraron prestaciones contributivas; mientras que 105.000 percibieron el subsidio, y 16.000 la renta activa de inserción. En esta comunidad, la cuantía media de la prestación contributiva supera los 881 euros al mes.

En total, el gasto en prestaciones en Madrid supera los 336 millones de euros en marzo. Las prestaciones suponen 278 millones; los subsidios, 51 millones; y la renta activa de inserción, cerca de 7 millones.