El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido imputar al presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, a otros directivos de la entidad y consejeros por falsear las cuentas anuales de la empresa de alimentación y su situación económica y financiera, así como por el uso de información relevante. Esta última les habría permitido vender acciones poco antes de emerger la crisis de la empresa que sigue suspendida de cotización en Bolsa.

En el auto dictado el miércoles, 23 de mayo, juez Ruz cita a declarar a los imputados para los días 1 y 2 de julio, tras mostrarse competente para instruir esta causa y admitir a trámite tres de las cuatro querellas presentadas por accionistas. Junto a Fernández de Sousa, Ruz ha imputado al consejero Alfonso Paz-Andrade por los mismos delitos. Y por la utilización de información privilegiada también a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas, que se desprendieron de paquetes significativos de sus respectivas participaciones del grupo de alimentación.  La imputación afecta también a Pescanova como sujeto jurídico.

Pablo Ruz instruye esta causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción a la que acudió la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además de colectivos de accionistas minoritarios. Por el contrario, Ruz rechaza la intervención judicial del grupo por estar en concurso de acreedores y contar con administradores concursales. Fernández de Sousa fue apartado de su cargo en ese proceso, así como al consejo de administración se la retiraron sus funciones.

Los consejeros ahora imputados se desprendieron de más de 46 millones de acciones, según datos de la CNMV, antes que saltasen al público los graves problemas del grupo, lo que les  «evitó»  perder unos 26 millones de euros.