La subcomisión del Congreso encargada de estudiar la situación del sistema de pensiones y proponer las modificaciones que considere oportuno terminó sus trabajos esta miércoles al aprobar por amplia mayoría el dictamen elaborado tras dos años y medio de trabajos. Aun debe ser aprobado por un Pleno del Congreso, a celebrar el 25 de enero próximo, y después el Gobierno debe remitir a las Cortes un proyecto de ley de reforma de las pensiones que debería recoger el espíritu de lo aprobado en la subcomisión, pero no es seguro que lo haga.

El debate resultó tranquilo, aunque la izquierda parlamentaria, representada por IU, ERC y BNG, anunció su voto en contra del dictamen básicamente por dos cuestiones: porque el texto aprobado es tan ambiguo que permite que el Gobierno proponga en el futuro aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años y ampliar el período de computo las pensiones desde los actuales 15 últimos años cotizados a 20 o más años. IU, además, hizo hincapié, en que el Gobierno podría estar considerando aumentar el número de años de cotización para cobrar la pensión máxima desde los 35 actuales a 40. A esa posibilidad también se opone.

Pero los problemas para el Gobierno no proceden de quienes han votado en contra del dictamen, dada la pequeña representación parlamentaria que tienen, sino de la actitud de algunos de los grupos que han votado a favor del texto. Efectivamente, el Partido Popular ha dejado claro que es partidario de flexibilizar la edad de jubilación sin imponer obligatoriamente una cifra determinada; el PNV ha señalado que si de lo que se trata es de “acercar la edad real de jubilación a la legal” lo que hay que hacer es dificultar las prejubilaciones porque son éstas las que hacen que la edad real de retiro sea inferior a los 65 años legales actuales.

Pero quien en este aspecto ha sido más contundente en oponerse a la idea del Gobierno entre los que han aprobado el dictamen ha sido CiU quien ha señalado que “el Gobierno no puede actuar al margen del Pacto de Toledo” y que éste no ha alcanzado un acuerdo concreto sobre cuál debe ser la edad de jubilación. CiU ha añadido que, en cualquier caso, “sería un grave error” que la próxima reforma de pensiones se hiciera sin el acuerdo con los agentes sociales.

Desde el principio, los grupos parlamentarios, salvo el PP y el PSOE, han dicho que el dictamen aprobado significa “un cheque en blanco”, “un traje a la medida” del Gobierno o que éste se lo va a tomar “a beneficio de inventario” y que el proyecto de ley que el Gobierno tiene previsto aprobar el próximo 28 de enero debe estar ya redactado y, por tanto, que no tiene porqué recoger las recomendaciones que el Congreso hace al respecto.

La portavoz del grupo socialista en el Congreso, sin referirse a ningún grupo en concreto, contestó que “estaba convencida de que el Gobierno tendrá en cuenta las recomendaciones del dictamen” pero que, en último término, es el propio Congreso quien tiene la última palabra en materia legislativa. Les recordó que una cosa es el proyecto que el Gobierno mande a la Cámara para su discusión y aprobación y otra es lo que finalmente salga de la misma.

Ese es el problema real de cara a la reforma de las pensiones reclamada por los mercados financieros y los principales organismos internacionales: saber si lo que en la subcomisión del Pacto de Toledo ha sido una negativa tajante por parte de algunos grupos se va a mantener en la tramitación de la ley o si solo se ha tratado de un fuego de artificio y cuando se discuta sobre una realidad concreta los grupos parlamentarios aceptarán el retraso de la edad de jubilación y la ampliación el periodo de cómputo de las pensiones.

Los grupos de la izquierda parlamentaria lo han dejado muy claro: se van a oponer a la ley en esos términos e incluso han llamado a la movilización social señalando que “ahora quien tiene que hablar es la calle”. La portavoz socialista les ha respondido recordándoles que lo que ahora defienden son las condiciones de jubilación adoptadas en reformas anteriores en 1985 y 1997 que también entonces fueron combatidas por sus predecesores en el Congreso.