La inminencia de la aprobación de la ley energética, que fijará un marco de actuación a las empresas que operan en el sector eléctrico, está promoviendo que las empresas y los sectores afectados presenten sus propuestas y reclamaciones , ya sea ante el Ministerio de Industria como a la opinión pública. Porque todos con conscientes que la actual situación del sistema, que generó un déficit tarifario de más de 5.000 millones de euros el pasado ejercicio, no es viable, como tampoco lo es que parte de los costes se financien todos los años a cargo de los Presupuestos del Estado.

En este contexto, una de las peticiones de las eléctricas integradas que se agrupan en Unesa es que las energías renovables afronten el back up, -pago por el respaldo a otras centrales en los momentos en los que viento no permita el funcionamiento de la eólicas o el tiempo las solares-. A cambio se les permitiría que sigan entrando con prioridad en el pool (mercado mayoritario de generación). Con ello, opinan las eléctricas, se quitaría del sistema una partida que compensa básicamente a las centrales de ciclo combinado, que sólo están utilizadas de media un 20% de la capacidad instalada.

Pero hay surge otras polémica. Las empresas eólicas, en las que recaería la mayor parte de este coste, afirman que están en el límite de su rentabilidad, después de los decretos aprobados por el actual Ejecutivo y las últimas normas del anterior. Una situación que afecta tanto a los promotores y generadores como a la industria. Un caso muy visible es la crisis de Gamesa en España. Y hay más, indican que los ciclos combinados, que se diseñaron para generar en base y no en punta, no son los que actualmente garantizan el sistema. A corto plazo, lo son las hidráulicas.

En la línea anterior, Unesa señala que el diseño del mercado no se ajusta a la situación, por lo que defiende las tecnologías de respaldo, que permitan hacer frente a los retos provocados por el «desarrollo espectacular» del régimen especial, en el que se incluyen las renovables.