El Ministerio Público se ha pronunciado en cuatro escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El magistrado pide que se rechacen las querellas interpuestas por estos hechos por UPyD, el colectivo 15mpaRato y otras acusaciones. La Fiscalía asegura que las participaciones preferentes son «un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que a la fecha de su comercialización se encontraba autorizado y regulado por la CNMV».

La Fiscalía considera además que la comercialización de preferentes por parte de Bankia y de las cajas que dieron lugar a esta entidad no constituyó delito, ya que ni hubo intención de engañar ni «un plan diseñado y preconcebido» para alterar el precio de estos títulos.

«La propia ambigüedad del llamado precio razonable y la existencia de una normativa sancionadora específica y propia del ámbito administrativo son circunstancias que no pueden sino llevarnos a concluir la ausencia de tipicidad penal en los hechos descritos en la querella», señala uno de los escritos de Anticorrupción.

Los escritos también destacan «la generalización» de las operaciones de venta de preferentes «entre las muy distintas entidades emisoras» y añade que los bancos y cajas realizaron un «inmediato acatamiento del primer requerimiento de la CNMV en octubre de 2011».

Las querellas presentadas por la Audiencia Nacional y para las que la Fiscalía pide su desestimación también iban dirigidas contra el expresidente de la CNMV Julio Segura y contra todos los consejeros y directivos de las entidades que diseñaron la comercialización de las preferentes, como Caja Madrid o Bankia.

Con respecto a la CNMV y al Banco de España, los escritos aseguran que no faltaron a sus obligaciones de supervisión del mercado financiero y señala que realizaron «numerosas actuaciones» para «regular y mejorar la comercialización de estos productos».

La Fiscalía, a pesar de todas estas consideraciones, dice ser «consciente de la importancia del problema, que afecta a múltiples ciudadanos que, en toda España, han adquirido estos valores». «No cabe duda de que un gran número de estos adquirentes se sienten engañados, por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos del producto«, señala uno de los escritos.