El príncipe de Asturias y de Girona ha inaugurado el I Congreso Bienal sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica con una intervención en la que ha recordado que este concepto nace «de una voluntad de estabilidad y de respeto a las reglas del juego». Don Felipe, que ha estado acompañado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la presidenta de la Corte Suprema de Colombia, Ruth Marina Díaz Rueda, se ha referido como destinatarios de esa seguridad jurídica a los ciudadanos de cada Estado, a «los inversores, las empresas multinacionales, los organismos multilaterales y la comunidad internacional en su conjunto».

Don Felipe ha subrayado que son esos agentes quienes evalúan «minuciosamente la seguridad jurídica estableciendo en consecuencia el grado de confianza que les ofrece cada país». «No se trata únicamente de ofrecer el marco legal que permita que una empresa se instale en un país, sino de contribuir a garantizar algo fundamental: que el ciudadano, en su calidad de trabajador, o en cualquier otra, pueda hacer efectivos sus derechos», ha añadido Don Felipe. El Príncipe Felipe ha indicado que, en consecuencia, «la seguridad jurídica promueve el crecimiento económico al tiempo que es necesaria para que éste pueda progresar en un marco socialmente justo».

El alcalde, por el derecho a decidir

Durante la jornada inaugural, el ministro de Justicia ha hecho una defensa cerrada de la Constitución. No obstante, ha dicho que el contenido de la Carta Magna se puede debatir pero no «violentarlo ni cambiarlo unilateralmente». En cambio, el alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha aprovechado su intervención para defender el derecho a decidir de Cataluña. En la inauguración también han participado el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; el conseller de Justicia de la Generalitat, Germà Gordó; la presidenta de la Corte Suprema Jurídica de Colombia, Rud Marina Díaz Rueda y la rectora de la Universidad de Girona, Anna Maria Geli.

En el que será su primer acto público desde que dejó el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero participará en el panel ‘Globalización y Seguridad Jurídica’ previsto para el martes 4 de junio, junto a otros ex presidentes como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Leonel Antonio Fernández (República Dominicana) y Julio María Sanguinetti (Uruguay). “La presencia de José Luis Rodríguez Zapatero y de otros ex presidentes demuestra el potencial del Congreso y el valor que se otorga a la seguridad jurídica en un mundo tan dinámico como el actual”, señala Jordi Ferrer, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, quien ha añadido que “más de 300 juristas iberoamericanos se reúnen en Girona para tratar el concepto de seguridad jurídica, y más de un millar de personas lo siguen desde Iberoamérica a través de la web”.

Girona, la Davos del derecho

Del mismo modo que Davos (Suiza) se asocia a la economía desde que el Foro Económico Mundial celebra en ella su asamblea anual, Girona aspira a convertirse en la población referente del Derecho con la organización de este congreso que “nace con el objetivo de convertirse en el primer punto de encuentro global y permanente de todos los juristas iberoamericanos”, comenta Ferrer.

El congreso, organizado por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), trata a través de varios paneles la seguridad jurídica desde distintos puntos de vista: seguridad jurídica y aplicación del derecho; seguridad jurídica y desarrollo económico; globalización y seguridad jurídica; y la seguridad jurídica en la formación.

“Aunque en los últimos tiempos, desgraciadamente, algunas decisiones estatales adoptadas han puesto en primera página el reclamo de seguridad jurídica como condición necesaria para la prosperidad del comercio y las inversiones internacionales”, asegura Carles Cruz, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “el alcance de la protección de la seguridad jurídica va mucho más allá de ese ámbito, extendiéndose como garantía de los derechos individuales de cualquier ciudadano”.