Según explica la asociación en un comunicado, con la sentencia dictada el miércoles por el Supremo que eximió al Estado de pagar a los cerca de 460.000 afectados «queda patente que lo importante es salvaguardar a las grandes corporaciones financieras y no al pequeño ahorrador».

La AAFF afirmó que «quedan muchas preguntas sin realizar» y señaló que la Justicia «obvia los apoyos que las filatélicas recibieron por parte de los diferentes gobiernos», durante los más de 25 años que estuvieron funcionando.

En este sentido, los afectados recordaron que el Congreso de los Diputados aprobó en 2003 la Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva que «legalizaba una

actividad ilícita» y que dejaba a estas empresas «sin ningún tipo de control al pasar a manos del Ministerio de Consumo».

La asociación acusa a los políticos de los dos principales partidos de aprobar esta regulación «a pesar de ser conscientes» de las denuncias sobre la comisión de delitos presentadas ante distintos organismos oficiales contra las filatélicas.

Además, la AAFF apuntó que esta ley se aprobó «contraviniendo» la

legislación europea por lo que, recordó, se han iniciado los tramites para denunciar la actuación del Estado español ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo.