Legálitas, compañía creada hace 15 años y especializada en el asesoramiento jurídico, con clientes como las aseguradoras Mutua Madrileña, Ocaso o Línea Directa, bancos como el Grupo Santander o empresas como Iberdrola, ha puesto en marcha una fundación para mejorar la normativa legal de protección al menor de edad en Internet y para prestar a éste apoyo en caso de ciberdelincuencia y ciberacoso. La Fundación Legálitas aplicará un enfoque multidisciplinar, con acciones de prevención, formación a padres y profesores, informes jurídicos y labor de denuncia social para la defensa integral del menor.
La Fundación Legálitas ha llegado a acuerdos de colaboración con las ONG Protégeles, dedicada a la protección de los menores en Internet, y Save The Children, centrada en la atención a los niños en situación más desfavorecida.
Alfonso Carrascosa, presidente de Legálitas, recuerda que se creó hace 15 años “para acercar la justicia al ciudadano”. La compañía cuenta con 250 abogados y con 150 bufetes repartidos por toda España, que atienden 5.000 consultas diarias de 8 millones de clientes. Carrascosa argumenta que “el panorama de la protección del menor frente al acceso no deseado a contenidos en Internet es muy deficitario, y necesita desarrollo, y ahí es donde va a poner todos sus esfuerzos la Fundación Legálitas”.
Ésta es presidida por José Manuel Pardo de Unceta, socio fundador de Legálitas. El Comité Asesor de la Fundación Legálitas esté encabezado por Pedro Núñez Morgades, que fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y actualmente es diputado autonómico.
Preocupante crecimiento
Guillermo Cánovas, de Protégeles, ONG creada en 2001 para la protección de niños y adolescentes en Internet, señala que en 10 años ha recogido 200.000 denuncias y ha atendido 3.000 casos de ciberacoso a menores. El 13,5% de éstos están en peligro de sufrir un grooming (acoso sexual de un adulto a través de la Red) o ciberbullying (de compañeros de clase). “Estos delitos han aumentado el 150% en 4 años, y ya no son un problema de los chicos y de sus padres, afectan a toda la sociedad”, señala. “No sólo piden ayuda las víctimas, también, y cada vez más, los centros escolares”, añade.
“Es la primera vez en la historia de la humanidad que los niños saben más de algo que sus padres”, enfatiza. “Se trata de una situación nueva, en la que los menores no saben a quién dirigirse” insiste. La nota positiva es que “nunca ha habido tanto rechazo al acoso como ahora”, resalta.
Alberto Soteras, director general de Save The Children en España, denuncia que el sistema judicial español no está adaptado a las necesidades de la infancia, especialmente en los casos de abusos sexuales y en los inmigrantes menores de edad. Reclama más fiscales especializados en menores, más formación de jueces en derechos de la infancia y en los responsables de la valoración psicológica de los niños.
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