El Gobierno central pidió en su recurso de 29 de enero la suspensión de la tasa al entender que la medida implantada, en vigor desde el 1 de enero, en Madrid afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reconoció este miércoles que no se iba a restablecer el pago del euro por receta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el «fondo» de la medida o el Gobierno de la Nación decida sobre el asunto, independientemente de que lo que se decida sobre la suspensión cautelar que ahora pesa sobre la misma.