El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, que culmina las exigencias impuestas por la Comisión Europea a cambio de las ayudas para el saneamiento del sistema financiero. La nueva norma, aprobada en anteproyecto de ley el 3 de mayo, pretende devolver a las cajas de ahorros a sus orígenes: banca minorista, compromiso territorial y obra social. Además, las cajas que han cedido la actividad financiera a un banco instrumental (todas, menos Caixa Ontinyent en Valencia, y Colonya Caixa Pollença, en Mallorca) del que controlen al menos el 10% del capital o puedan nombrar o destituir a los consejeros, deberán transformarse en fundaciones bancarias.

Éstas no podrán participar en procesos de ampliación de capital del banco participada y deberán aprobar sus dividendos con la presencia del 50% del capital en la primera convocatoria de la asamblea general, 25% en segunda convocatoria, y con el voto favorable del 75% del capital presente en la Junta.

La nueva Ley de Cajas incorporará un régimen fiscal especial para preservar el tratamiento favorable a la obra social de estas entidades.

Tiempo para adaptarse

Pero lo que más importa a las entidades es que seguirá sin imponerse una fecha para que cajas reduzcan sus posiciones de control en sus bancos instrumentales. De este modo, las nuevas fundaciones bancarias podrán ir reduciendo progresivamente su participación, sin prisas que supongan malvender las acciones de los bancos (CaixaBank y Liberbank ya cotizan en Bolsa). El objetivo es que se culmine el proceso de reestructuración del sector financiero sin prisas, pero sin pausas.