Un 25 por ciento de las grandes empresas han rebajado en 2012 las condiciones laborales de sus empleados. Así, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es el método preferido para hacerlo, según adelantó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien destacó que estas medidas ayudan a evitar despidos.

Además, la ministra, que participó en unas jornadas organizadas por Aranzadi sobre los resultados de la reforma laboral, destacó la necesidad de repensar la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo en relación a las prestaciones del paro.

Según indican los datos proporcionados por la ministra de Empleo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo es la medida preferida en el catálogo de flexibilidad interna que ha proporcionado la reforma laboral. Precisamente esta reforma impulsada por Báñez concedió a los empresarios la potestad de imponer sin necesidad de acuerdos con los trabajadores, estas medidas.

Una cuarta parte de las grandes empresas devaluó las condiciones de trabajo en 2012. Y eso incluye o bien una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o bien un cambio de tareas o de centro de trabajo para el trabajador. Si incluimos a todas las empresas, un 30 por ciento de los trabajadores en España trabajan en empresas donde se ha tomado alguna de estas medidas.

Las medidas de este tipo que usan más empresas son las de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad funcional o geográfica (5 por ciento del total y 25 por ciento de las grandes). En cambio, las medidas colectivas las usan el 2,1 por ciento del total de empresas y el 7,9 por ciento de las grandes.

Más de más de 70.000 empresas han aplicado estas aplicado medidas de flexibilidad interna en 2012. Más de 60.000 realizaron modificaciones sustantivas de las condiciones de trabajo, 25.000 aplicaron medias colectivas, y cerca de 15.000 ambos tipos de medidas. “Esto supone –añadió- que más del 30 por ciento de las empresas, de más de 250 trabajadores, han aplicado medidas de flexibilidad interna”, reiteró la ministra.

Otra forma de devaluar las condiciones de trabajo con las inaplicaciones o descuelgues de un convenio. En relación a los descuelgues, la titular de Empleo dijo que desde la aprobación de la reforma laboral se han producido 1.655 inaplicaciones, que han afectado a algo más de 100.000 trabajadores, concretamente a 101.408.

Báñez defendió que las medidas de flexibilidad introducidas en la reforma laboral, “han frenado el ritmo de destrucción de empleo”. Según dijo, el objetivo de la reforma laboral “no fue nunca hacer tabla rasa de reformas anteriores, sino conseguir suavizar el impacto de las contracciones económicas en el empleo”.

Repensar las sanciones del paro

La ministra se refirió también a otros asuntos y en concreto a algunas decisiones judiciales, cuyas consecuencias requerirán nuevas reflexiones. Sin ofrecer más detalles, la ministra afirmó que esas sentencias obligan a plantear una una revisión de la “capacidad sancionadora” del Servicio Público de Empleo con relación a las prestaciones.

“Sentencias recientes” obligan a revisar “la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de las prestaciones por desempleo”, dijo.

Báñez intentó además contestar a las últimas informaciones sobre una caída en picado de la contratación indefinida. En este sentido, los últimos datos del paro indican un ritmo de contracción de un 24 por ciento en el número de contratos fijos firmados en mayo.

La ministra escogió un período más amplio para afirmar que, en los doce meses posteriores a la aprobación del real decreto de reforma laboral, el número de contratos indefinidos creció un 6 por ciento. Una cifra que, añadió, contrasta con la caída que experimentaron estos contratos un año atrás, un 13,5 por ciento menos. Este año, concluyó, “se firmaron 65.000 contratos indefinidos más que en el periodo anterior”.

Por último, Fátima Báñez, que confió que una salida consensuada ponga fin al conflicto por el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, recalcó que la mayor moderación salarial “ayuda a impulsar las contrataciones y a mantener el empleo y se traduce en ganancias de competitividad”.