El comité de expertos encargado de diseñar la nueva reforma de las pensiones ya tiene listo su informe. Con diez votos a favor, una abstención y solo un voto en contra, la comisión ha publicado ya el documento. La propuesta introduce algunas variaciones en la definición del factor de sostenibilidad que debe moderar el gasto estatal en pensiones. El nuevo informe abre la puerta a que los pensionistas ganen poder adquisitivo en épocas de bonanza. Sin embargo, mantiene su intención de que la nueva reforma afecte a todos los pensionistas, presentes y futuros.

El único voto en contra del informe ha sido el de Santos Ruesga, profesor universitario y representante de UGT en el consejo de administración de Televisión Española. Por su parte, José Luis Tortuero, afín al PSOE, se ha abstenido; mientras que Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios de CCOO, ha votado a favor.

Estos tres expertos eran hasta ahora los más críticos con las propuestas del Comité. Pese a no haber votado todos en contra, los tres incluirán un voto particular al informe final.

El grupo de sabios mantiene la intención de que la nueva reforma de pensiones afecte a todos los jubilados. Algo inédito en la larga historia de cambios del sistema. Sin embargo, el informe definitivo aporta algunos cambios. Aconseja la fijación de una cláusula suelo. Su función sería evitar que los pensionistas vean bajar su pensión. En cambio, se  mantiene la propuesta de que no suban tanto como la inflación, como sucede ahora.

La cláusula suelo propuesta por los expertos se aplicaría únicamente a los actuales pensionistas. Eso quiere decir que los futuros jubilados estarán expuestos a ver bajadas nominales de pensiones, es decir, a ver reducida su pensión, por ejemplo, a 970 euros si antes cobraban 1.000 euros.

El nuevo modelo abre la puerta a bajadas nominales de pensiones a los futuros pensionistas. Un campo en el cual el sistema español no había ido nunca más allá de la congelación. En este sentido, el comité defiende que el factor de sostenibilidad no se diseña para recortar las pensiones. Lo que rebaja la cuantía de las pensiones es la incapacidad de financiarlas, han afirmado.

Cuándo entrará en vigor

La comisión ha entregado este viernes su informe al Gobierno. Una vez recibido, el Ejecutivo que preside Rajoy tiene intención de elaborar su propuesta y remitirla después al Pacto de Toledo, la comisión que estudia en el Parlamento los cambios en el sistema público de pensiones.

Aunque le vale su mayoría, Rajoy pretende sin embargo pactar con la oposición, con los empresarios y los sindicatos los cambios. En este punto el PSOE –que aprobó la anterior reforma con la oposición del PP– juega un papel clave.

Dos factores o un «doble recorte»

Respecto a los cambios, los expertos mantienen en su última propuesta de implantar un doble tamiz que regule el crecimiento del gasto en pensiones. En este sentido, las primeras críticas no se hicieron esperar. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se mostró hoy viernes profundamente preocupado por las informaciones que se suceden en torno al tema. Instó además al Ejecutivo de Rajoy a evitar lo que tildó de “doble recorte”.

Si triunfa esta tesis, el nuevo sistema propone dos fórmulas para calcular esas rentas de los pensionistas. Un primer factor de equidad generacional (FEI) vincula la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida. Con estas fórmula, las nuevas cohortes de pensionistas irán cobrando cada vez menos que las anteriores. Así, a grandes rasgos, quienes se jubilen dentro diez años cobrarán un 5 por ciento menos que quienes lo hagan ahora. Y así sucesivamente. Con este sistema se prevé que los pensionistas que se jubilen en 2050 cobren casi un 20 por ciento menos –sin contar la inflación– que quienes lo hacen hoy.

La propuesta prevé además un segundo Factor de Revalorización Anual (FAR). Y esto afecta no solo a los pensionistas futuros, sino también a los actuales. Básicamente, este factor viene a sustituir al IPC como mecanismo de actualización. Tiene en cuenta, en lugar de los precios, los ingresos y gastos de la Seguridad Socia. Y, lo más importante, abre la puerta a posibles pérdidas de poder adquisitivo. En un principio se pensó incluso en reducir su cuantía nominal. Pero, como ya se ha dicho, los expertos se decantan ahora por establecer un suelo que evite pérdidas nominales de pensión –cobrar menos– a los actuales pensionistas. No así a los futuros.

La fecha de entrada de la reforma es una de las bazas principales con las que pretende negociar el Gobierno. Según las fuentes consultadas, Rajoy ofrecería precisamente a los sindicatos retrasar la reforma, a pesar de las prisas que le impone Bruselas.