Después de decisiones que, en ocasiones han sido contradictorias entre los propietarios de la central de Garoña y el Ministerio de Industria, y de documentos muy discutidos en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el futuro de la central nuclear ubicada en Burgos no está asegurado. Es un tema que en esta ocasión no está relacionado con decisiones de ejecutivos a priori antinucleares, sino de medidas aprobadas por el Gobierno actual que, en opinión de las compañías propietarias, dificultan que las inversiones requeridas para aumentar la vida útil de la planta compensen su materialización. Un factor que se ha unido a los más fuertes requerimientos en materia de seguridad después de la catástrofe de la central japonesa de Fujishima.

La sociedad Nuclenor -formada al 50% por Endesa e Iberdrola-, propietaria de Garoña, presentó esta pasada semana ante el Ministerio de Industria la documentación oficial para el «cese de explotación» de Garoña, con el objetivo de cumplir con los procedimientos administrativos vigentes. Dicho esto, los propietarios no han tirado totalmente la toalla e indican que, si se produjesen cambios normativos, volverían a analizar la viabilidad de la central. Y, por tanto, considerarían la «posibilidad de solicitar» una renovación de la autorización de explotación.

¿Cuáles podrían ser las posibles consecuencias? La respuesta que se da desde medios empresariales es que el síndrome Garoña afectaría a otros activos de características similares en los próximos años. El primero, la central de Trillo (Guadalajara), a la que en 2014 le expira la licencia de funcionamiento, por más que la situación de esta planta, más moderna y que comenzó a producir en 1988, sea diferente a la de Garoña. Trillo logró ya una ampliación de la licencia en 2004.

La central es propiedad de Iberdrola (48%), Gas Natural Fenosa (34,5%), HC Energía (15,5%) y Nuclenor (2%). Nuclenor está participada, a su vez, por Iberdrola 50% y Endesa 50%. En el año 2012 la producción bruta fue de 8.481,45 millones kilovatios-hora, con unos factores de carga y operación de 90,58% y 91,82 respectivamente; su potencia instalada es de 1.000 megavatios. En esta central fue necesaria la construcción de un almacén temporal en seco (ATI) para almacenar el combustible gastado, pues en el año 2002 se llegó a la saturación de su piscina.