El comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha convocado para el próximo 5 de enero una movilización ante la sede de la Consejería de Empleo al objeto de protestar ante el titular de este departamento, Manuel Recio, por el cumplimiento del Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La protesta se enmarca en la campaña emprendida por los trabajadores y el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de Empleo (ERE) de 2007, para reclamar a la Consejería de Empleo el cumplimiento de los acuerdos asociados a este procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y de cuya financiación se desliga la Administración autonómica.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que los trabajadores del mercado central y los prejubilados del ERE de 2007 esperan entregar al consejero de Empleo sus «correspondientes» regalos el día 5 de enero a las 11,00 horas.

El expediente de regulación de empleo consumado en 2007 en Mercasevilla, como se recordará, constituye la mayor losa financiera de la compañía al haberse desvinculado de su abono la Consejería de Empleo pese a los documentos firmados a tal efecto entre finales de 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

Si bien el Gobierno andaluz reconoce la validez del procedimiento, al que se acogieron aproximadamente 40 empleados, entiende como «huérfanos» de sustento jurídico los documentos firmados por Francisco Javier Guerrero en cuanto a la incentivación de las prejubilaciones en cuestión, que han quedado paralizadas precisamente a consecuencia de la postura del Ejecutivo autonómico.

Así las cosas, el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 percibe sus prestaciones a través de contratos de préstamo librados mensualmente por Mercasevilla con la renuncia expresa de los beneficiarios a la adquisición de cualquier derecho.

LOS DOCUMENTOS DE FRANCISCO JAVIER GUERRERO

Ya el pasado 2 de junio, como se recordará, el comité de empresa de Mercasevilla hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía.

En ese documento, cuya validez jurídica niega el gobierno andaluz, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía expresaba ante Vitalicio Seguros –compañía con la que Mercasevilla negoció la póliza correspondiente a estas prestaciones– su «conformidad» a la suscripción de una póliza para ocho ex trabajadores de la sociedad mixta, «comprometiéndose» a continuación a «abonarles» con fecha 1 de julio de 2008 1.891.637,83 euros.

Esta fecha y esta cuantía, además, «coinciden» con el contenido de un documento librado por Vitalicio Seguros en el marco de la póliza de seguro colectivo de rentas suscrito por la sociedad mixta precisamente para las prestaciones de los trabajadores adheridos al ERE de 2007. En ese documento, en efecto, la compañía aseguradora atribuye el 22 de mayo de 2008 a la Junta de Andalucía el abono de 1.891.637,83 euros a fecha de 1 de julio de 2008 en concepto de «prima» aplazada para la financiación de las prestaciones. La cuantía y las fechas de pago, además, coincidían con una de las partidas que, según otro documento de Vitalicio Seguros, se esperaba del Gobierno andaluz para sufragar las prestaciones de varios de los aproximadamente 40 prejubilados del ERE.

Otros dos documentos autonómicos firmados también por Francisco Javier Guerrero reflejan aspectos exactamente iguales para otros 26 ex trabajadores de la sociedad mixta, si bien la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito recogido por Europa Press, niega «rotundamente, cualquier compromiso de pago» para con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007 porque los documentos firmados por este ya ex alto cargo son «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».