El presidente del Gobierno de México, Enrique Peña, ha firmado este lunes un decreto que reforma el sector de las telecomunicaciones en ese país. La nueva ley busca, en palabras del político, «promover la competencia en el sector». En esta línea, la nueva normativa eleva la posibilidad de inversión extranjera, al abrir al capital foráneo hasta un 49% en el área de radiodifusión -siempre que haya reciprocidad en el país de origen del capital- y al 100% en telecomunicaciones.

Como en todos los cambios en éste existen ganadores y perdedores, al menos en opinión de los expertos. En el primer grupo se incluiría empresas como Telefónica y Megacable, ya que la reforma posibilitará la atracción de más capital para invertir y desarrollar más infraestructuras, lo que se debe traducir en una mejor calidad de los servicios, en opinión del ejecutivo mexicano.

En este contexto, Miguel Calderón, vicepresidente de regulación de Telefónica México, ha señalado que el decreto «abrirá muchas posibilidades para el crecimiento de la industria, por eso es histórica”. Como consecuencia, el grupo español podría elevar la participación de capital extranjero en sus filiales mexicanas, uno de sus pilares en el exterior, para destinarlo a la ampliación de las infraestructuras instaladas.

Esta es una opinión generalizada entre los operadores internacionales de ese país, que estiman que se trata de una señal positiva para la inversión, aunque estiman que el desarrollo de la ley es fundamental, porque no dan la batalla por ganada al 100%. Un tema que afirma compartir el presidente Enrique Peña.

Pero ¿quienes serían los perjudicados? En teoría dos grandes magnates del país: la familia Azcárraga, que controla Televisa, y el dueño de América Móvil, Carlos Slim, que se disputa con Bill Gates el liderazgo para ser el hombre más rico del mundo. Pero los poderosos difícilmente pierden en todos las mesas que juegan. Si bien perdería ingresos en ‘telecos’, la reforma podría permitir a su grupo ofrecer servicios de televisión, lo que paliaría los descensos de telefonía fija de su negocio de Telmex.

En definitiva el Gobierno espera promover la competencia, lo que presionará los precios y hacer hará más estricta la supervisión regulatoria de compañías, como América Móvil y Grupo Televisa

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