La Comisión de Presupuestos del Congreso ha aprobado este miércoles el proyecto de ley por el que se establece un crédito de 2.200 millones de euros al Ministerio de Industria para financiar parte de los costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos para el fomento de la producción a partir de fuentes de energía renovables.

   El proyecto de ley, que fue aprobado el pasado mes de febrero, autoriza al Estado a financiar este año parte de los costes de producción eléctrica de forma excepcional, y para ello prevé un crédito para el Ministerio de Industria de 2.200 millones de euros que se financiarán con deuda pública.

El texto, que aún tendrá que pasar por otro debate parlamentario en el Pleno de la Cámara Baja antes de ir al Senado, no ha sufrido ninguna modificación, ya que el PP no presentó enmiendas al articulado y tampoco ha aceptado ninguna de las registradas por la oposición. Así, el dictamen ha salido adelante con los únicos votos del PP y las abstenciones de CiU y PNV, mientras que PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y BNG han votado en contra.

La oposición considera que es «un parche»

El portavoz socialista de Industria, José Segura, ha criticado que la medida sea «temporal», al considerar que debería haber una partida permanente en los Presupuestos del Estado para financiar extracostes del sistema como los derivados de la producción en sistemas insulares y extrapeninsulares; y también ha reprochado que se «culpabilice» a las renovables como «causantes del déficit tarifario».

Tras criticar que el Gobierno «no está siendo capaz de controlar» el desajuste presupuestario del sistema eléctrico, el diputado canario ha alertado del riesgo de que la Comisión Europea (CE) considere este crédito ayudas de Estado, y ha advertido de que «incertidumbres» de esta naturaleza pueden perjudicar a las inversiones.

En la misma línea, Laia Ortiz, de la Izquierda Plural, ha acusado al Ejecutivo de presentar «un nuevo parche en el sector eléctrico» sin enfrentarse a la verdadera «cuestión estructural» que, a su juicio, es «la mala regulación y el oligopolio» que sufre el sector y que generan «desajustes» que «ahora entre todos tenemos que pagar».

Además, la diputada catalana ha criticado que se «culpe a las renovables de todos los males del sector» cuando se trata en realidad de «la opción de futuro del modelo energético». Por eso, IU-ICV reclama una auditoría para ver «dónde están las responsabilidades» y para «no seguir poniendo parches sin saber dónde está el agujero» como, teme, sucederá con la nueva reforma que el Ministerio de Industria presentará próximamente al Consejo de Ministros.

La portavoz parlamentaria del BNG, Olaia Fernández Davila, rechaza esta norma porque «culpabiliza injustamente» a las renovables al justificar la necesidad de este crédito en la «desviación de las previsiones» de aquéllas. Además, ha recordado que la «insuficiencia presupuestaria» que hace necesario este crédito se deriva de partidas como la de interrumpibilidad, así como del «enfoque parcial» del Gobierno a la hora de atajar el déficit tarifario.

Medida extradordinaria

Sin embargo, el ‘popular’ Antonio Erías ha insistido en que esta ley «no es ni una chapuza ni un parche» sino una medida «extraordinaria» para «evitar que en 2013 se continúe lastrando el déficit de tarifa» y poder cumplir la ley. La nueva regulación, que próximamente se presentará al Consejo de Ministros, dará un «marco estable» al sector eléctrico y definirá hacia dónde ir. «Si queremos tener más actividad económica y generar más empleo necesitamos que uno de los ‘inputs’ más relevantes se proporcione de manera segura y competitiva», ha dicho.

Abstenciones de PNV y CiU

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, cree que este proyecto de ley «responde más a un apretón que a una estrategia para solucionar el déficit tarifario» y ha acusado al Gobierno de carecer de una «estrategia clara» sobre este asunto. «¿Por qué 2.200 millones? Seguramente es la cantidad que el ministro de Hacienda ha permitido», ha ironizado, pronosticando que probablemente esta situación se vuelva a repetir en otros ejercicios.

   Antoni Picó, de CiU, también cree que este «parche» es «una medida coyuntural necesaria» para arreglar el desajuste del pasado ejercicio y «evitar consecuencias peores sobre el sistema, los consumidores y la industria». «Pero resulta lamentable que sigamos aún hoy en esta tesitura, que no supone mejoras energéticas», ha dicho, advirtiendo del «coste del estancamiento» en la regulación energética, que actualmente sólo se centra en «contener el déficit tarifario» ante el que es «evidente la incapacidad del Gobierno».