Los más de 20.000 socios de la Caja Rural de Canarias han recibido ya el documento en el que se les explican los detalles de la absorción por parte de la almeriense Cajamar, la entidad más grande del sector y promotora del grupo Cajas Rurales Unidas. Pero junto a esa información está un escrito en el que el consejo rector (equivalente al consejo de administración) de la entidad con sede en Las Palmas de Gran Canaria muestra su oposición a esta operación. La asamblea de la Rural de Canarias deberá votar si ratifica la total integración en Cajamar el próximo 28 de junio. En diciembre, la asamblea, con el 75% de los votos y a propuesta de los empleados de la entidad, ordenó al consejo rector que estudiará la fusión. La asamblea de Cajamar dará, previsiblemente, el nihil obstat a la absorción el 27 de junio.

El consejo rector de la Rural de Canarias prefiere que se mantenga la actual situación de la entidad dentro del Sistema Institucional de Protección (SIP) reforzado impulsado por Cajamar, vigente desde 2011. Argumenta que la absorción implica la pérdida total de identidad canaria. Pero el escrito oculta a los socios que esa operación supone la desaparición de este órgano.

Los socios de la Rural de Canarias pasarán a serlo de Cajamar, un grupo mucho más grande, que utiliza la denominación comercial de Cajas Rurales Unidas, y formado por 28 entidades. De éstas, cinco (Caja Campo, Rural de Castellón, Ruralcaja. Crèdit Valencia, y Casinos) ya han sido absorbidas por Cajamar.

Durante un periodo de cinco años, la Rural de Canarias mantendrá su propia marca, aunque de forma gradual se irá introduciendo la de Cajamar. Sus trabajadores se regirán, tras un período de transición, por el convenio colectivo de la entidad andaluza, que mejora sus condiciones salariales y laborales, lo que explica su apoyo a la absorción.

Acceso a la financiación

En este contexto, el VI congreso de UGT Canarias aprobó una propuesta de su secretario general, Gustavo Santana, para que se cree una cooperativa de crédito de propiedad pública en esta autonomía para que las familias y las empresas- tengan acceso a la financiación. El sindicato argumenta que una iniciativa de este tipo está dentro de las competencias del Estatuto de Autonomía y que, por lo tanto, el Gobierno que preside Paulino Rivero puede poner en marcha esa entidad.