Trabajadores públicos advirtieron hoy que la conflictividad crecerá en los Ayuntamientos y las Diputaciones en caso de que las corporaciones se nieguen a prorrogar la validez de sus convenios colectivos, amenazados por la reforma laboral. Los trabajadores acusan a la FEMP, el ente que agrupa a las corporaciones locales y provinciales, de “falta de voluntad” en la resolución de un conflicto en vías de solución en el ámbito privado.

UGT y lanzaron este viernes un ultimátum a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la “falta de voluntad” de este organismo, dicen, a la hora de resolver el conflicto abierto por la pérdida de vigencia de los convenios colectivos que amparan a los empleados públicos, derivada de la aplicación de la reforma laboral. El próximo 7 de julio se cumple un año de la aplicación de esta norma que dicta el final de la llamada ultraactividad, la prórroga automática de los convenios. Según los sindicatos, a partir de esa fecha se puede generar un “vacío legal”.

Las centrales instan a la FEMP a negociar un acuerdo marco con directrices a los ayuntamientos y las diputaciones del mismo modo que se hizo en el ámbito privado donde UGT, CCOO y las patronales CEOE y Cepyme firmaron hace semanas un acuerdo de esta índole.

Según los sindicatos, la Federación ha mostrado hasta ahora poco interés en la solución del problema. “La reforma laboral nos lleva al riesgo de pérdida de vigencia de todos los convenios denunciados en su día y que no hayan sido renovados antes del próximo 7 de julio”, recuerdan.

Afirman que pidieron una “reunión urgente” el pasado 23 de mayo con la FEMP sin que esta haya dado respuesta a esa petición y tildan este hecho de “inaceptable”.

UGT y CCOO quieren que la FEMP marque unas líneas que puedan seguir ayuntamientos, diputaciones y otras entidades locales. Se trata de evitar la pérdida de la ultractividad de dichos convenios y los vacíos de regulación que ello pudiera provocar, insisten.

El conflicto por la desaparición de convenios colectivos de empleados públicos afecta a todas las comunidades autónomas a excepción de Castilla y León donde ha rubricado un acuerdo a fin de agilizar las negociaciones que permitan renovar los convenios antes del 8 de julio.

Reclaman la prestación de unos servicios “eficaces y de calidad” por parte de los empleados públicos que tengan sus derechos y condiciones laborales “garantizados”.