La Cámara de Barcelona reclama al Estado 4.000 millones

15/06/2013

J.C. Valero. De haber cumplido el Gobierno la disposición adicional tercera del Estatut de Cataluña, esta comunidad hubiera registrado un aumento de la inversión equivalente al 2% del PIB catalán, según la Cámara de Comercio de Barcelona, que evalúa en 4.000 millones la inversión no realizada y sin embargo comprometida.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, ha reclamado al Estado que “debe dar ejemplo en la contención de los gastos de personal y compra de bienes y servicios”. La entidad camaral prevé que el PIB catalán crecerá el 0,2% en 2014, mientras la estimación para este año es de un descenso del -1.2%, prácticamente como en 2012. El gasto no financiero, crece un 10,7% frente una caída del 13% en la Generalitat. En cuanto al déficit, «se distribuirá según responsabilidades de gasto y dando más tiempo a las comunidades que mayor déficit tienen, como hace Bruselas», afirma Valls.

La Cámara ha hecho un análisis de la ejecución presupuestaria en lo que va de año y ha llegado a la conclusión de que la prórroga presupuestaria para este año de la Generalitat está teniendo un efecto restrictivo muy importante sobre el gasto del gobierno catalán, ya que disminuye un 13% acumulado en los primeros cuatro meses del año, todo lo contrario de lo que se observa en el Estado, donde el gasto ha aumentado un 10,7% en el mismo período. Este diferente esfuerzo de contención del gasto no financiero se observa en las partidas que las administraciones controlan más directamente, como son personal, compra de bienes y servicios, e inversión.

Austeridad común

«El Estado no debería exigir a las comunidades un mayor esfuerzo de austeridad del que él mismo está dispuesto a hacer, en ámbitos como el gasto de personal y el gasto en compra de bienes y servicios», dijo el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls. En cuanto al cumplimiento de los atrasos a cargo de la disposición adicional tercera del Estatut, el montante de lo que el Estado no ha ejecutado suma casi 4.000 millones de euros, lo que supone el 2% del PIB catalán.

La inversión que realiza la Generalitat, por su parte, está en mínimos históricos,  al haber registrado una caída entre enero y abril de este año un -73,1%, mientras la presupuestada por el Estado en Cataluña se ha reducido un 50% en el periodo 2012-2013, frente al conjunto de las comunidades, que se ha reducido sólo un 36%. A esto se suma que durante los dos años anteriores (2010-2011) el grado de ejecución de la inversión del grupo del Ministerio de Fomento en Cataluña ha sido muy inferior a la del conjunto de comunidades, según el estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Estos dos efectos combinados (reducción más intensa de la inversión en Cataluña y menor grado de ejecución) hace que el volumen de la inversión que el Estado debe a Cataluña en cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut sea cada vez más importante. Esta cláusula establece que durante 7 años la inversión en infraestructuras en Cataluña debe equipararse a su peso en el PIB, que es el 18,9%. La Cámara calcula en 3.974 millones de euros los retrasos acumulados en el cumplimiento de la disposición durante sus siete años de vigencia (2007-2013). La Cámara actualizó la estimación de 2.658 millones que hizo en 2012 para el período 2007-2011 porque ahora ya se dispone del grado de ejecución de las inversiones completas del grupo del Ministerio de Fomento por comunidades autónomas.

Inversión crecería dos puntos del PIB

El volumen total de inversión pendiente equivale al 2% del PIB catalán. Hay que tener en cuenta que el 2012 la inversión en infraestructuras en Cataluña fue del 1, 4%, sumando Generalitat y el grupo del Ministerio de Fomento. Si el Estado cumpliera con los atrasos, se estaría más que duplicando el esfuerzo inversor en infraestructuras en Cataluña, que pasaría del 1, 4% al 3,4%. «Este importante volumen de inversión sería el efecto revulsivo que necesita actualmente la economía catalana «, ha dicho Valls.

La Cámara también pide distribuir el déficit por administraciones en función del gasto y dar más tiempo a las 5 comunidades con un déficit más elevado. En 2011, los gobiernos autonómicos fueron responsables de un 34% del gasto público total; la administración central y seguridad social, de un 54% y las corporaciones locales, del 12% restante. Siguiendo el principio de distribución del déficit en función de la atribución de responsabilidades de gasto, el objetivo de déficit de 2013 para los gobiernos autonómicos no debería ser inferior al 2%, frente al 1, 2%

Además, según la Cámara, «el objetivo no debe ser el mismo en todas las comunidades, sino que se debe dar más tiempo a aquellas que tienen un ratio de déficit más elevada, al igual que hace Bruselas», ha dicho Valls. Estas comunidades serían la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares, todas situadas en la franja mediterránea.

 

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